Pasó ya un año (2 de marzo de 2025) desde que las fuerzas federales aseguraran casi ocho millones de litros de combustible ilegal en un predio a orillas de la carretera rumbo a Rosarito, procedentes de un buque tanque atracado en Ensenada (el golpe incluyó el decomiso de 19 tractocamiones, decenas de contenedores y 46 remolques cisterna).
El 30 del mismo mes, en el puerto de Altamira, Tamaulipas, fueron decomisados 15 millones de litros y armas de alto poder que llegaron en el barco Challenge Procyon.
Para el 8 de junio, la Fiscalía General de la República tenía carpetas de investigación abiertas contra 210 empresas presumiblemente ligadas a la banda Jalisco Nueva Generación.
Al siguiente mes fueron decomisados 15 millones 480 mil litros cargados en 129 carros tanque del ferrocarril en Ramos Arizpe, Coahuila.
Las fechas importan mucho porque el 3 de marzo de 2025 —un día después de la incautación en Baja California—, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó a la prensa que la defraudación al Sistema de Administración Tributaria ascendía a 600 mil millones de pesos.
Eso significa que las averiguaciones habían comenzado mucho antes, desde 2022, en el gobierno de López Obrador.
La colosal evasión de impuestos es la mayor de la que se tenga memoria (la estafa maestra implicó desvíos por al menos siete mil millones de pesos y el atraco a Segalmex importó más o menos 15 mil millones).
Pese a lo anterior, las únicas personas acusadas por el inaudito asunto siguen siendo 14, dizque dirigidas por un vicealmirante y un contralmirante (este prófugo aún) de la Marina Armada (hermanos ellos y sobrinos políticos del exsecretario José Rafael Ojeda Durán).
El caso revela la incapacidad de la procuración de justicia.
Si el quebranto al erario ronda los 600 mil millones de pesos, la farsa de que todo se reduce a 14 imputados es por completo inverosímil. Un negocio de tal magnitud no se mueve en patios baldíos ni en operaciones improvisadas: exige puertos, ferrocarriles, aduanas, permisos, facturas, contabilidad falsa, protección administrativa y sobre todo política y transexenal, porque nada como eso lo construye un puñado de aventureros.
El casasazo del huachicol fiscal no solo es un expediente penal, sino el espejo del prepotente régimen cuatrotero.
Lo que evidencia no es la eficacia de la justicia y sí su límite político porque en México, demasiadas veces, los grandes escándalos no se investigan a fondo, se administran.
Y lo que debiera ser una revelación estruendosa termina en una versión administrativamente cómoda.
Un año después del hallazgo en Ensenada se desconoce alguna ampliación sustantiva del caso. No aparecen los demás responsables (centenares) ni sus redes financieras ni los cómplices en dos gobiernos federales, como si el decomiso de millones de litros hubiera sido un episodio menor.
Sospechoso silencio para un excepcional, histórico fraude.
¿Cuál es la verdad oronda y lironda que se esconde…?