El asalto a la razón

Cinco llaves abrieron las rejas

Carlos Marín

Rudeza innecesaria la del subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al afirmar que la indignante excarcelación de 24 policías municipales de Iguala implicados en el caso de Los 43, es “una muestra de la miseria y la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de la justicia en el país”. Es innegable que muchos juzgadores imparten más bien injusticia, pero la generalización es tan aventurada como descalificar todo el trabajo de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Tiene razón, eso sí, en reprobar la conducta del juez que ha estado liberando a esos criminales: Samuel Ventura Ramos, titular del juzgado primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas…, donde también se asienta (en Reynosa) el primer tribunal colegiado de circuito, cuyos magistrados (junio del año pasado) emitieron la demencial resolución que ha dado pie a la puesta en libertad de casi un centenar de probables homicidas: Mauricio Fernández de la Mora (fue el ponente), Juan Antonio Trejo y Héctor Gálvez Tánchez (contra éste, por libidinoso, la Suprema Corte de Justicia ratificó en enero de 2006 la suspensión de un año sin goce de sueldo porque acosó a tres subordinadas, pero después lo perdonó).

En síntesis, ese fallo descalificó lo realizado por la extinta Procuraduría General de la República, afirmando que sus acusaciones carecían de base porque obtuvo confesiones mediante presunta tortura y a los detenidos les violó su “debido proceso”.

La inconstitucional sentencia fue celebrada con gran alegría por los padres de Los 43, sus representantes y la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU porque, afirmaban, sepultaba la “verdad histórica”, misma que sigue tan firme que esas mismas personas lamentan hoy las liberaciones en serie. Es oportuno recordarla: los jóvenes fueron secuestrados por policías de Iguala que los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos; éstos los mataron y quemaron todos o casi todos los cuerpos en el basurero de Cocula.

De no haber sucedido así, nadie ha podido demostrar otra cosa.

Pero no es el cuarteto del juez y los magistrados (avecindados por cierto en el emblemático territorio narco del plata o plomo) los únicos abrerejas de presuntos culpables. El quinto elemento es el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Roberto Ochoa Romero, ratificado por la nueva Fiscalía General de la República, quien tiene a su mando a los agentes del MP en Tamaulipas que no hicieron valer ante el juez las abundantes y viejas evidencias (incluidas las intercepciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos) que hay sobre la participación de los asesinos en la delincuencia organizada.

Estruja por lo mismo que, con el niño ahogado, la autoridad insista en perseguir a quienes, más bien que mal, documentaron el crimen, en vez de ocuparse de averiguar la verdadera verdad

cmarin@milenio.com

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