La ministra María Estela Ríos niega que dijera lo que dijo sobre la fertilización de bebés in vitro.
Afirma que se le “sacó de contexto” al reproducir su afirmación de que “a lo mejor” esas criaturas “no forman parte de la familia”.
Inexplicable ex consejera jurídica del Poder Ejecutivo que Andrés Manuel López Obrador impuso en la Suprema Corte, cometió este brutal dislate:
“La violencia puede darse en el ámbito familiar, y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia, digo, salvo quien haya nacido, no sé…, mediante un… ¿un qué…?, un esto… ¿cómo le llaman?, estos…, in vitro. Que haya nacido in vitro. A lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia…”.
Ignora que la fertilización in vitro es un procedimiento médico que permite la concepción cuando hay impedimentos para un embarazo natural (el óvulo y el espermatozoide se unen en laboratorio y el embrión resultante se implanta en el útero de la mujer).
De ninguna de las más de 13 millones de personas en el mundo concebidas mediante ese procedimiento puede afirmarse que “haya nacido in vitro” porque los alumbró una mujer después de gestarse en el vientre materno.
La familia no es una ecuación genética sino una relación jurídica, afectiva y cultural que comienza con el nacimiento y el reconocimiento de un hijo.
Quienes fueron fertilizados in vitro —reproducción asistida— son hijos deseados por parejas que enfrentaron la infertilidad, padecieron largos y costosos tratamientos, y lograron lo que para otras ocurre sin recurrir a la reproducción asistida: tener una hija o hijo.
Esas criaturas son fruto de una decisión quizá más deliberada que muchos embarazos “naturales”.
La idea de que podrían no formar parte de una familia es una estupidez imperdonable en una ministra de la Corte. Con su lógica, habría que revisar la condición familiar de los adoptados, de los concebidos mediante donación de gametos (proceso biológico de formación de células sexuales: espermatozoides y óvulos) a partir de células germinales diploides (células con los conjuntos de cromosomas de cada progenitor), o de quienes nacen en hogares de parejas en que uno o ambos tienen prole de relaciones anteriores.
El derecho moderno y el sentido común resolvieron esa discusión hace mucho tiempo: la filiación no depende exclusivamente de la genética, sino del reconocimiento jurídico y el vínculo social que constituye la familia.
Dista de ser un debate médico ni moral. Es, simplemente, una cuestión de lógica: un niño que nace, porque sus padres lo buscaron, lo gestaron y lo reconocen como hijo, es parte de una familia.
Negarlo no es únicamente un error conceptual, sino desconocer una realidad humana evidente que puso en duda, nada menos, una ministra de la Corte.
Que la señora sugiera que los nacidos por fecundación in vitro quizá no “pertenecen” a una familia no es un simple tropiezo verbal. Es la evidencia de una ligereza preocupante en quien debe interpretar los derechos fundamentales y la Constitución...