La variedad de agresiones que padecen las mujeres (frecuentemente desde la infancia) va de las ofensas verbales al asesinato.
El problema es mundial, pero en México son muchos con poder de decisión que se vienen haciendo pendejos para enfrentar casos específicos contra ellas.
Ayer, por ejemplo, en milenio.com recordamos que en Santa María Quiegolani, Oaxaca, un grupo de "hombres" impidió a Eufrosina Cruz Mendoza ser alcaldesa, y en Guevea de Humboldt (mismo estado), en septiembre pasado, un puñado de mujeres logró sufragar por primera vez porque, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, cuatro de cada diez piden permiso a su pareja para votar.
Pese a esta realidad (que con variantes ocurre en Chenalhó y Oxchuc, en Chiapas, o en Mártir de Cuilapan, Guerrero), que remite al siniestro talibán afgano, la violencia política de género no es contemplada como crimen por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Si de tan ruines "usos y costumbres" no se ocupa el Congreso, ni soñar con que se castiguen las ofensas de supuestos "inocentes piropos".
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