Cuando el gobierno se incomoda más con el mensajero que con el crimen, algo esencial se ha torcido.
El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU vuelve a colocar la tragedia de las desapariciones en México en el escaparate mundial y exhibe una diferencia abismal de decencia institucional entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la de la capital: la de Rosario Piedra Ibarra, alineada sin rubor con el discurso oficial, y la que dirige María Dolores González Saravia entendiendo lo elemental: que el señalamiento de marras no se descalifica, se atiende.
La primera adopta las argucias del obradorato —rechazar, minimizar, desacreditar— mientras que la segunda sugiere aprovechar la oportunidad para entablar un diálogo constructivo y más aún si el tema se somete a la Asamblea General de la ONU:
“En el contexto de desapariciones que atraviesa el país, se requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica…”.
Y subraya lo que el oficialismo pretende eludir: la desaparición de personas (ayer se hallaron 15 cuerpos en Jojutla, Morelos) es una violación grave a los derechos humanos que afecta en lo individual, lo familiar y lo social.
Propone además lo que debiera ser política de gobierno: fortalecer esfuerzos, traducirlos en resultados, articular una respuesta integral con participación de las familias, robustecer la prevención, las investigaciones y la atención a la crisis forense.
En contraste, la CNDH de Piedra hace exactamente lo mismo que el gobierno federal: rechaza el informe y descalifica al Comité, como si se tratara de un ente solo “vinculado” (así dijo la presidenta Claudia Sheinbaum) a la ONU y no un mecanismo de la propia organización.
No hay matices: la Comisión Nacional se suma al coro que acusa de “injerencista” al Comité y construye un abyecto panegírico de la política oficial, repitiendo que el informe no valora las acciones emprendidas desde 2018.
Peor: la CNDH recula y de la promoción de la intervención internacional —exhortaba a reconocer la competencia del mismo Comité y advertía que la desaparición forzada sistemática constituye un crimen de lesa humanidad— pasa a repudiarla.
Hoy “le preocupa” que la respuesta a los problemas de México pase por organismos extranjeros.
¿En qué momento la cooperación técnica se volvió amenaza? ¿Desde cuándo abrirse al escrutinio internacional equivale a ceder soberanía?
Cerrar la puerta no protege al país y abandona a las víctimas. Impide el acceso a herramientas, experiencias y acompañamientos que podrían acelerar la búsqueda de personas y el acceso a la justicia.
Para la sectaria Rosario Piedra eso no importa ya.
La paradoja es brutal: la Comisión capitalina asume una postura de Estado mientras la nacional se comporta como matraquera gubernamental. Una propone diálogo, la otra levanta murallas. Una pone en el centro a las víctimas, la otra al gobierno.
Con su acomodaticio comportamiento, la nacional no solo pierde su escasa credibilidad, sino su razón misma de ser…