M+.- Encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el oficialismo seguía la tarde del martes envuelto en la bandera de la “soberanía” por los agentes de la CIA en el operativo contra narcolaboratorios en la sierra de Chihuahua.
Pero esa misma tarde la cancillería recibió del Departamento de Justicia estadunidense la petición de capturar, con fines de extradición, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales: el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el senador y exsecretario general de Gobierno Enrique Inzunza Cázares; el fiscal general adjunto, Dámaso Castro Saavedra; el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, y cinco altos exjefes policiacos, los 10, acusados de vínculos con el narcotráfico.
Es reveladora la asimetría: aquí se agita la vena patriotera para golpear adversarios políticos como la gobernadora panista de Chihuahua, mientras que allá se investiga y judicializa por delitos graves a figuras del poder morenista.
De confirmarse las culpas, el problema no será la “injerencia extranjera” en operativos exitosos, sino la profundidad de la infiltración criminal en estructuras de gobierno que, por acción u omisión, han sido cobijadas por el obradorato.
Ya desde la confusa extracción, secuestro, entrega pactada o lo que haya sido de Ismael El Mayo Zambada, quedó a la intemperie el tufo de las relaciones estrechas de Moya con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, y más por su papel de “árbitro moral” en disputas políticas locales, lo que reveló el grado de normalización del poder criminal que rebasa cualquier ficción.
Que el capo fuera convocado para mediar entre el exalcalde de Culiacán Héctor Melesio Cuén (que terminó asesinado) con el gobernador (que no acudió) en su disputa por la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, no fue anécdota, sino síntoma.
Peor fue la actuación de su fiscalía, que fabricó un video para engañar sobre cómo y dónde se cometió el homicidio. Encubrió los hechos. La ausencia de consecuencias legales frente a una operación de tal calibre no habla de incompetencia, sino de protección.
De ahí que la retórica soberanista resulte no sólo hueca, sino funcional. Se invoca la patria para desviar la atención y convertir un problema estructural —la penetración del narcotráfico en la política— en una disputa electorera coyuntural.
Se acusó a la gobernadora de Chihuahua de “traición”, al tiempo que se minimizan o silencian indicios delincuenciales mucho más graves en distintas regiones del país.
La lógica está invertida: severidad para los adversarios, indulgencia para los propios. Y en ese doble rasero, la soberanía deja de ser un principio constitucional para convertirse en instrumento de propaganda.
Con la ideología consustancialmente paranoide de su “movimiento”, el gobernador y el senador afirman que la persecución no es en su contra, sino contra la 4T, Morena y López Obrador.
¿Qué idiota les creerá…?