M+.- El martes de la semana pasada, la presidenta Sheinbaum se ufanó por la baja de 46 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos al pasar, de un promedio diario cercano a 87 en septiembre de 2024, a poco más de 47 en mayo de 2026. En el mismo lapso, informó, fueron detenidos más de 56 mil presuntos delincuentes de alto impacto, se decomisaron casi 30 mil armas de fuego, fueron incautadas 420 toneladas de drogas y destruyeron dos mil 407 narcolaboratorios.
Por el balance felicitó efusivamente a los integrantes de su Gabinete de Seguridad.
Opositor contumaz, el coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, reprochó a los sectores académicos y a la prensa independiente no armar un “escándalo mayúsculo” porque “es grotesca, es vulgar” la manera en que está mintiendo el gobierno.
Lo tramposo del informe, afirmó en un video subido a las redes, “no está en lo que se informa sino en lo que se omite”: se realza la disminución de homicidios dolosos pero no que se han duplicado las desapariciones.
En el sexenio anterior al de López Obrador, dijo, desaparecían en promedio 16 personas y al día de hoy la cifra ronda en 32.
No es que hayan dejado de matar personas, afirma, sino que muchas están siendo clasificadas en categorías distintas al homicidio doloso.
En Baja California Sur, ejemplifica, se reportaron 17 homicidios dolosos en el primer cuatrimestre de 2026, pero hubo además otras 116 víctimas (siete veces más) registradas en la categoría “delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”.
Sin el menor ánimo de armar el escándalo que Anaya quiere, me remití al detalle del Informe referido y confirmé que la clasificación, subtipo y modalidad del delito que las fiscalías determinan, si bien reflejan una cierta pero vaga precisión, dan sin duda lugar a la suspicacia.
Dispersas en ocho grandes rubros y en letra tan chiquita que la naturaleza de los delitos ocupa casi 200 líneas, se desmenuzan: diez tipos de robo (con y sin violencia cada uno), cuatro de violencia familiar, ocho contra la sociedad, 12 “otros”, 28 contra la vida y la integridad corporal (incluidos homicidio doloso y culposo, lesiones, tráfico de menores, aborto…), seis (con 10 modalidades) contra la libertad personal, ocho contra la seguridad sexual y ocho contra el patrimonio (con 10 variaciones).
En ninguna línea se lee “desaparecidos” pero, en rigor, no hay manera de considerar asesinados a víctimas de delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.
Sin embargo, Anaya sostiene que “este gobierno únicamente registra a los que mataron a propósito, que casualmente son sólo la mitad. Los que mataron sin querer son el doble de los que dan a conocer como homicidios dolosos”.
Ironiza pero en falso:
“En Quintana Roo nos fue de maravilla. Solo mataron a 50, pero hay otras 330 que según ellos las mataron sin querer”.
Busqué varias veces ambas cifras literalmente con lupa; la única cercana fue 331, pero no de homicidio doloso ni culposo, sino de “lesiones…”.
¿Quién dice la verdad…?