Por mis compañeros de MILENIO Rubén Mosso y Alejandro Domínguez me enteré de una peligrosa decisión de la Suprema Corte de Justicia, un descarado guiño político al régimen obradorista: por unanimidad, el pleno aprobó la sospechosa propuesta del presidente Hugo Aguilar Ortiz para que la ministra María Estela Ríos pueda participar en la discusión de la prisión preventiva oficiosa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado de “inconvencional” por ser violatoria de garantías elementales.
Todavía peor: la ex consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador, quien desde ese cargo defendió el mantenimiento de la inquisitorial y prejuiciosa medida, es quien elaborará el proyecto de sentencia.
Luego del fallo de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano en el caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz y de la conformación de la nueva SCJN, las víctimas solicitaron que se impidiera que Ríos participara en la discusión de la prisión preventiva oficiosa por la razón elemental de que fue activa promotora de la permanencia y ampliación del castigo anticipado y defendió la “constitucionalidad y conveniencia” de los encarcelamientos anticipados al proceso judicial.
Pero la memoria es traicionera o selectiva:
Apenas en septiembre, entrevistada por Alejandro Domínguez en MILENIO Televisión, la propia ministra contó que se había excusado en un asunto que abordó como consejera jurídica. Y aunque el tema fue otro ––uno relacionado con el desaparecido INAI— fue categórica:
“Existe disposición expresa que impide participar a quien haya sido representante de alguna de las partes. Y lo seguiré haciendo en los casos que resulte procedente”.
¿Ahora no es procedente? ¿La coherencia jurídica tiene fecha de caducidad?
Si antes bastaba haber representado a una parte para inhibirse o excusarse, ¿por qué no ahora si defendió institucional y públicamente la prisión preventiva oficiosa?
¿La “disposición expresa” solo aplica cuando no incomoda al poder político que impulsó su carrera?
Grotesca paradoja: quien como consejera jurídica respaldó la fórmula de “enciérrenlos y después averigüen” será quien redacte el proyecto para cumplir la sentencia interamericana que exige desaparecer la siniestra figura de tratar a los acusados como culpables aunque al final de su proceso resulten inocentes.
La Corte Interamericana no dejó margen: la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia y convierte la excepción en regla. Es una medida automática, no sujeta a análisis individualizado, que castiga antes de probar.
Sin embargo, la nueva integración de la Corte —los nueve ministras y ministros del acordeón— parece decidida a sostener la ficción de aquí no pasa nada, no hay conflicto de interés, no hay prejuzgamiento, y quien defendió ayer la salvaje “constitucionalidad” de una receta carcelaria puede hoy examinarla… sin la distancia quirúrgica propia de un juzgador o juzgadora verdaderamente imparcial.