M+.- Si las mentiras de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa creada por AMLO para fabricar una versión alterna a la “verdad histórica”, luego defenestrada por él, pudrió el tema y volvió indescifrable la noche de Iguala, la nueva, pero inconstitucional “recomendación” de la CNDH salió tan plagada de yerros, inexactitudes y una lectura de la realidad que ofende la inteligencia, que sepultó para siempre la esperanza de conocer algo distinto a las convincentes narrativas de las extintas PGR y CNDH, cuando esta era respetable.
La chatarrizada institución en manos de Rosario Piedra Ibarra termina por asumir con desfachatez su abyecta conversión en apéndice de la 4T y oficiosa escudera del Ejército.
El efecto de su informe es brutal: le pone una pesada losa a un asunto que estaba ya bajo toneladas de intereses facciosos, que no se ensució por investigaciones deficientes o contrapuestas. Lo comenzó a pervertir desde 2015 el siniestro Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes al descalificar los peritajes ––nacionales e internacionales–– conclusivos de que ardió una fogata en el basurero de Cocula y, sin ápice de sustento, afirmar que la desaparición y asesinato de Los 43 fue un “crimen de Estado” perpetrado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sobre tal insidia se montaron los representantes de los padres de Los 43, organizaciones civiles y un López Obrador ávido de votantes en su campaña electoral.
Las mentiras del GIEI fueron adoptadas inclusive por el respetable Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, pero sobre todo por el Tlachinollan de Guerrero, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
Esos organismos han neceado con la patraña de que hay una “verdad alterna” que nadie ha revelado, pero siguen explotando el dolor ajeno por el crimen que cometió la banda Guerreros Unidos.
Desde el inicio de la indecente gestión de Piedra Ibarra, la CNDH descalificó la recomendación que heredó de la Oficina Especial del caso bajo la conducción de José Trinidad Larrieta, creada por el último presidente respetable de la institución, Luis Raúl González Pérez, quien en el último noviembre del peñato entregó la única recomendación constitucionalmente válida.
Una sola de sus muchas propuestas, incumplidas desde hace ocho años, desnuda la criminal pasividad del obradorato para enviar 114 restos óseos recuperados del muladar de Cocula y el río San Juan por el perseguido Tomás Zerón al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, a fin de agotar los esfuerzos por identificar el paradero de los normalistas de Ayotzinapa (u otros desaparecidos cuyos familiares continúan buscándolos).
Como en La carta robada de Allan Poe, la evidencia de lo sucedido ha estado a la vista de todos en la recomendación que el indolente obradorato se niega a cumplir…
NOTA.- El asalto… reaparecerá la segunda semana de agosto.