El obradorato suele personalizar las responsabilidades y confirma una vieja máxima en el descarrilamiento del ferrocarril Interoceánico: la soga siempre se rompe por lo más delgado, y era previsible que se culpara a los tripulantes porque, dijo en su informe preliminar la fiscal General de la República, rebasaron los límites de velocidad.
La Presidenta dijo ayer que pedirá una “certificación internacional” para que el servicio de pasajeros vuelva a operar, y algunos medios confundieron “certificación” con “peritaje”, como el que siendo jefa de Gobierno pidió Claudia Sheinbaum a la empresa noruega Det Norske Veritas, sobre el desplome del paso elevado de la Línea 12 del Metro (3 de mayo de 2021).
Entre las causas de aquella tragedia, el dictamen incluyó un mantenimiento deficiente, lo que contrarió a tal grado a la hoy mandataria del país que llegó a anunciar una demanda contra esa firma, porque su peritaje le pareció “falso y tendencioso”.
Lo de la certificación suena técnico, pulcro, tranquilizador, pero el descarrilamiento del Interoceánico no se agota en un probable error humano. Se amplía, y mucho, a los sistemas que debieron operar para impedir la tragedia: mecanismos automáticos de reducción de velocidad, controles de supervisión, protocolos de seguridad y capacitación de los maquinistas, a quienes Sheinbaum definió como “experimentados” (uno de los acusados ingresó a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV el 26 de mayo de 2014).
Un dato nimio desliza la Fiscalía: a dos de los tripulantes se les había vencido la licencia federal ferroviaria.
En un accidente que dejó 14 personas muertas y un centenar de lesionadas, resulta extraño que nada se diga sobre posibles fallas estructurales, ausencia de controles automáticos, condiciones mecánicas o supervisión de la infraestructura.
La locomotora tenía 55 años de antigüedad, algunos vagones del convoy eran viejos y más largos para circular por vías instaladas en el Porfiriato.
¿Un proyecto “emblema de modernidad” circulando sobre fierros históricos y trenes reciclados?
Añádase otro dato políticamente incómodo: el “supervisor honorífico” de la obra fue Gonzalo López Beltrán, por nombramiento presidencial de su padre, AMLO.
Hasta hoy no se ha insinuado algún problema con la construcción del tendido (como si la dimensión del grave asunto estuviera blindada por adelantado).
Cuando sucede una tragedia de infraestructura pública, la tentación oficial es buscar culpables individuales y cerrar el expediente (el chofer, el operador, el técnico de guardia), rara vez el diseño, la realización del proyecto ni las prisas políticas.
La “certificación internacional” podrá servir para reabrir el servicio, pero no sustituye una investigación pericial que determine si el accidente fue culpa de los tripulantes o síntoma de una cadena de negligencias.
Se personaliza la culpa.
El sistema no falla, fallan los hombres y, casualmente, los de más abajo...