El Constituyente que hará la redacción final de la carta magna de la Ciudad de México (mera ley reglamentaria del 122 de la Constitución federal) debatirá el proyecto de artículo 15 sobre Ciudad Productiva que propone el gobierno de la capital:
Las autoridades “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita…”.
En junio de 2007 (Asaltos de finales de aquel mes) la mayoritaria fracción perredista en la ALDF de entonces cometió la tontería de impulsar algo por el estilo pero, como había sucedido meses antes con una iniciativa semejante del PSOE en España, reconsideró y echó a la basura su propuesta.
La razón es simple: prostitución, tráfico y trata de personas (en su mayoría mujeres) están indisolublemente relacionados.
De ahí que aceptar que el comercio sexual sea un “trabajo” es, simplemente, inaceptable.
Otorgar carta de legitimidad al degradante oficio de que se aprovechan burdeleros y padrotes contraviene, además, el criterio de la ONU, que define la prostitución como explotación sexual, aun cuando exista “consentimiento” de la víctima.
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