Luego de la exhibida que se dio la Corte del Bienestar con la compra de camionetas no solo blindadas ––lo que sería comprensible––, sino equipadas con accesorios de superlujo, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en su defensa enlistando “privilegios” de los ministros anteriores a los de la tómbola y los acordeones.
Ayer mostró un gráfico y criticó que los anteriores ministros recibían, por ejemplo, 36 mil 906 pesos mensuales para un seguro de gastos médicos mayores y otro de separación individualizado al dejar el cargo.
Sí: tenían lo que se llama prestaciones.
Para inflar la indignación pública, la lista incluyó servicios comunes y corrientes (reserva de mesa en restaurantes, traslado urgente de objetos personales olvidados en algún domicilio, conseguir autógrafos de artistas o celebridades, boletos de preventa o lugares preferenciales en algún evento, traer objetos del extranjero, verificación vehicular, traslado para mantenimiento mecánico y reservaciones de hospedaje).
Con la misma lógica, cabría demonizar la vida cotidiana de todos los machuchones de la 4T.
Lo que la mandataria pasó por alto fue la estulta explicación de la nueva Corte para desechar vehículos blindados con solo tres o cuatro años de uso.
Su presidente, Hugo Ortiz, convertido en súbito cruzado de la austeridad retroactiva, aseguró que las “autoridades federales” dictaminaron que las unidades heredadas ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad y que seguir utilizándolas comprometía la operación de los ministros, y ejemplificó con que a la que usaba se le quebró un rin.
O sea que, en rigor, las camionetas heredadas no entrañaban riesgo alguno a la seguridad.
Tampoco Sheinbaum habló del superfluo gasto de un millón 254 mil pesos en ceremonias chamánicas de “purificación” y entrega de “bastones de mando” a los nuevos ministros y a la sede de la Corte, dizque “para inaugurar otra era”.
Y es que la “austeridad republicana” admite sahumerios, incienso de copal y palos simbólicos de mando, siempre y cuando el “mensaje político” sea enaltecer lo que considera “popular”.
La estrategia es distraer con la nostalgia del despilfarro ajeno mientras se normaliza el propio: se arma un catálogo de supuestos excesos del pasado francamente triviales y se deja en segundo plano lo que hoy resulta incómodo: vehículos de alta gama, accesorios premium y ceremonias místico-administrativas financiadas con dinero público.
Como heredera de la virtud y víctima de vicios históricos pretende presentarse la Corte, pero al mismo tiempo ambiciona vehículos nuevos y lujosos bendecidos por técnicos anónimos y “purificados” por la superchería.
Y desde Palacio Nacional se apuntala la narrativa: antes todo era corrupción, ahora todo es transformación, aunque huela a cuero nuevo y al mismo gasto, pero perfumado.
La cacareada austeridad se parece demasiado a la vieja especialidad progre: moralizar el pasado para justificar su contradictorio y corrupto presente...