El último viernes de febrero ingresaron a México 12 militares del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando Norte de Estados Unidos para dar adiestramiento a elementos de las fuerzas especiales del Ejército mexicano.
La capacitación, enfocada en interoperabilidad y entrenamiento, concluirá el 15 de julio.
Esos militares llegaron a la base de Santa Lucía con su armamento de cargo en un avión de la Fuerza Aérea estadunidense e impartirán los cursos en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en Temamatla, San Miguel de los Jagüeyes y Cozumel.
Nada extraordinario, pues, ya que su ingreso, como prevé la Constitución, fue aprobado por el Senado el 17 de febrero.
Pero antes de la autorización, qué vergüenza, hubo titubeos, demoras, jaloneos retóricos con tufos de indignación patriótica que rayaron en el ridículo, motivados por el secuestro de Nicolás Maduro y la “solidaria” idea de que cualquier cooperación con EU equivaldría a permitir intervenciones encubiertas.
Con un mes de retraso, el Senado había permitido, por fin, el ingreso de otros 19 militares de la Marina de Guerra estadunidense para impartir adiestramiento a efectivos de la Marina mexicana en Campeche.
El 3 de enero, el retraso fue “razonado” por el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la Comisión de Marina:
Dijo que frenaron la aprobación por “las nuevas circunstancias” de la intervención gringa en Venezuela y “las acechanzas” que obligaban “a darnos un tiempo prudente para abordar ese y otros temas…”.
La hipersensibilidad rasga las vestiduras cuando la geopolítica toca sus fibras ideológicas en el oficialismo, que simultáneamente presume “coordinación bilateral”.
El acuerdo binacional obliga a la Sedena y a la Marina a informar al Senado sobre los cursos de capacitación dentro de los 30 días posteriores a la conclusión de los entrenamientos.
De manera patética, la mayoría senatorial obradorista prefirió teatralizar la autorización.
Vaya ironía: México enfrenta organizaciones criminales con capacidades paramilitares, armamento sofisticado y entrenamiento internacional, pero hay quienes temen más a 12 o 19 instructores extranjeros que a los ejércitos privados que operan en el territorio nacional.
Ignoran que la cooperación militar entre Estados soberanos no anula soberanías, las fortalece cuando se hace bajo reglas claras y aquí las hay: autorización constitucional, decreto publicado en el Diario Oficial, calendario definido, sedes precisas, informe obligatorio.
El ridículo no estuvo en patalear para dar el permiso, sino en insinuar que entrenar mejor a nuestras fuerzas especiales equivale a traicionar la patria.
Mientras el crimen organizado no pide permiso para cruzar fronteras con poderosas armas, los nacionalpopulistas dramatizan lo que es, simplemente, cooperación estratégica.
Por fortuna la soberanía no se defiende con histeria, sino con instituciones sólidas, capacidades reales y decisiones maduras…