El obradorato repite hasta la náusea “los pobres primero” y que los “pueblos originarios” son el “cimiento moral” de los mexicanos, pero en sus actos refleja su menosprecio por los indígenas, a quienes utiliza como ornamento discursivo.
Al vapor fue aprobada la nueva ley de aguas, sin que una sola de las 68 comunidades autóctonas del país haya sido consultada.
Bien que se ponga en orden a quienes lucran con el agua, pero mal que a quienes la aprovechan solamente para la producción agropecuaria, así sea de autoconsumo, se les pongan trabas para la transferencia de su concesión porque ahora corresponderá a la Conagua, o sea al gobierno, autorizar o no el traspaso.
Ignorar a los indígenas no es una omisión menor, sino una violación deliberada del artículo segundo constitucional, inciso b, fracción 13, que sobre los pueblos indígenas mandata:
“Ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento (…). Las consultas indígenas se realizarán de conformidad con principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas…”.
No dice “si se puede” o “si el Congreso tiene tiempo”.
De manera descarada, los diputados y senadores de la coalición en el poder se negaron a que se realizara la consulta.
Convertidas en oficina de partes de Palacio, las ilegítimas pero aplastantes mayorías legislativas procedieron como si el artículo citado fuera un adorno y los pueblos indígenas —tan útiles para el discurso electorero— fueran irrelevantes.
Para el oficialismo, esos casi 20 millones de mexicanos existen mientras marchan con el “movimiento de transformación” y desaparecen cuando incomodan el proyecto impuesto por López Obrador.
No es algo nuevo: la historia del régimen está escrita con episodios semejantes: sin consulta se militarizan territorios indígenas, se imponen proyectos disfrazados de “justicia social”, se cancelan procedimientos legales y a los protestantes que han bloqueado carreteras los acusa de ser manipulados por “el conservadurismo”.
La nueva ley no solo afecta a los indígenas: determina el acceso, uso, destino y control de un recurso vital en comunidades mestizas, cuyo modo de vida depende de ríos, manantiales y ecosistemas frágiles.
En términos jurídicos, no consultarlas es una aberración; en términos políticos un desdén y en términos morales un autorretrato de quienes pregonan ser sus defensores.
Pero eso sí, seguirá la cantaleta “primero los pobres”, cuando lo verdaderamente primero, lo único y lo último que satisface al morenismo es su voracidad por el poder.
Y si para conservarlo hay que pisotear derechos o ignorar mandatos constitucionales, el lopezobradorismo lo hace sin titubear porque, en la República guinda, los pobres van primero solo cuando sirven para vitorear y aplaudir…