La salida de Rubén Rocha Moya es parte de la estrategia del obradorato a la petición estadunidense de captura con fines de extradición.
Desde un principio la presidenta Claudia Sheinbaum lo colocó en una posición que rebasa la prudencia institucional, convirtiéndolo en virtual encarnación de la soberanía y la dignidad nacional.
El problema no es que defienda a uno de sus camaradas —que, en términos de debido proceso, es comprensible—, sino la narrativa elegida: transformar un tema de crimen organizado y narcotráfico en una disputa de carácter político.
La mandataria cometió la imprudencia de insinuar que las acusaciones contra Rocha y nueve funcionarios y exfuncionarios del estado se armaron como respuesta al reclamo por la presencia de agentes de la CIA en el operativo contra narcolaboratorios en Chihuahua, lo cual es una simplificación altamente riesgosa.
Supuso, sin evidencia, que la solicitud del Departamento de Justicia es una represalia que reduce la complejidad de un proceso judicial a una narrativa de agravios a la patria.
La conversión del caso en bandera política esconde antecedentes incómodos: en los años recientes, casi un centenar de figuras del narcotráfico han sido entregadas a Estados Unidos en condiciones que difícilmente podrían presumirse impecables por haber sido inconstitucionales e ilegales (esto sí atenta contra la soberanía), y que han estado nutriendo a la DEA, el FBI, la CIA y demás agencias y dependencias gringas con información para obtener beneficios en sus condenas.
Solamente las delaciones de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán han alimentado los expedientes y éstos se han enriquecido mucho más con lo que Ismael El Mayo Zambada ha confesado o inventado.
No se trata de darles validez automática ni de prejuzgar responsabilidades, pero sí de reconocer que las imputaciones no surgen del vacío ni pueden despacharse en unos cuantos días como simple maniobra política.
La Presidenta en lugar de ceñirse a una posición institucional y de Estado —reconocer que la solicitud debe seguir los cauces legales establecidos, salvaguardar la presunción de inocencia y endosar la respuesta a las instancias competentes—, ha optado por una defensa de arenga partidista.
En ese desplazamiento hay un problema de fondo: el Ejecutivo no puede comportarse como si estuviera en campaña. Su investidura exige distancia, mesura y, sobre todo, respeto a los procedimientos.
Y es que lo que está en juego no es únicamente la situación de un gobernador o la relación bilateral con Estados Unidos, sino la consistencia del Estado mexicano frente a graves acusaciones.
Si todo se traduce en confrontación política, se diluye la posibilidad de esclarecer los hechos. Sin prejuzgar la culpabilidad de nadie, lo sensato sería dejar que las instituciones hagan su trabajo.
Convertir un expediente judicial de crimen organizado en símbolo de soberanía no tiene el menor sentido y abre frentes impredecibles de una mayor, innecesaria y contraproducente confrontación...