M+.- Lo que ocho meses después la Fiscalía General de la República dice hoy haber hallado en una bodega sobre el huachicol fiscal hiede a montaje.
Supóngase fundada la acusación contra Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, y que del entramado tuvo conocimiento —en junio de 2024, reconocen las autoridades— el secretario de Marina con AMLOy entonces tío político de los imputados, José Rafael Ojeda Durán: ¿por qué durante más de dos años este almirante no ha rendido una declaración ministerial, sino sólo platicó el tema con el fiscal, a la sazón Alejandro Gertz Manero?
El encubrimiento escandaliza:
Citado por una jueza federal para que dé su testimonio sobre lo que le informó el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar (asesinado en Manzanillo un mes después de informar lo mismo, en octubre del 24, al nuevo titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles), Ojeda sigue en la penumbra y la FGR pretexta que “está ilocalizable”.
Fernando Farías Laguna dice ser quien le dio acceso a Guerrero Alcántar con el exsecretario.
¿Alguien puede creer que a un reciente titular de la Marina no lo pueda encontrar el Ministe-
rio Público?
El martes, la FGR informó haber descubierto un almacén rentado por Manuel Roberto que contiene pruebas de su responsabilidad y la de su hermano en el mayor contrabando de combustible de la historia.
Según la fiscal Ernestina Godoy, en el depósito se hallaron expedientes de altos mandos navales, armas de fuego sin registro, listas de aduanas marítimas, documentación “de seguridad nacional” clasificada como “reservada”, pruebas de buques cargados de gasolinas, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero, pero la defensa sostiene que el cateo fue en febrero y en el inmueble “no fueron localizadas armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional. Los documentos que se le pretenden atribuir a Manuel Roberto no están firmados por él ni por Fernando, sino por el exsecretario de Marina”, es decir, José Rafael Ojeda Durán.
El despacho que encabeza el abogado Epigmenio Mendieta solicita de nuevo “una carpeta de investigación íntegra y acceso a los documentos que obran en poder de la Secretaría de Marina” y que se revisen los criterios por los que se ordenaron las reservas o clasificaciones de “seguridad nacional”, porque es “información indispensable para el esclarecimiento de los hechos”.
Ojeda Durán, insiste, debe contar lo que sabía de las presuntas irregularidades y delitos; cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Guerrero Alcántar y Fernando Farías, así como las acciones que emprendió.
Y es que una estructura delictiva como la del huachicol fiscal habría requerido más que un par de hermanos en las fuerzas navales: controles, inspecciones, autorizaciones y registros de al menos siete dependencias federales.
En suma: jurídicamente, sin la declaración ministerial y el testimonio de Ojeda ante la jueza, el caso todo se desmorona…