Para el sentido común y la experiencia cotidiana es ofensivo que se discuta si la explosión de un coche bomba es o no terrorismo.
Lo ocurrido el sábado en Coahuayana, Michoacán (cinco muertos y 7 lesionados) no es una rareza semántica ni un dilema doctrinal: provoca terror, busca infundir miedo colectivo. Es una estrategia criminal para someter amplios territorios.
El 1 de enero de 1994 aterrorizaron las explosiones de coches bomba en un centro comercial de la capital (cinco heridos), otra frente al llamado “palacio federal” de Acapulco, y en junio siguiente una en Guadalajara (cinco muertos, diez heridos), y 12 años después (6 de septiembre de 2006) fue terrorífico que tiraran cinco cabezas humanas en un centro nocturno de Uruapan, Michoacán.
Quienes insisten en que el terrorismo persigue fines “políticos, ideológicos o religiosos” parecen ignorar que los criminales llevan más de 20 años persiguiendo el control político: imponen a sus operadores en municipalidades, financian campañas, manipulan elecciones, cobran derecho de vida en comunidades enteras y amedrentan a gobernadores, alcaldes y hasta autoridades “de más arriba”.
¿No persiguen un fin político? ¿Llamarlos terroristas aplica solo si sus perpetradores usan turbante y hablan árabe, inglés o francés?
El bombazo del sábado está precedido por horrores que cualquier país civilizado reconocería como terrorismo: decapitaciones, descuartizamientos, cuerpos colgados en puentes, fosas clandestinas, etcétera, etcétera.
Asumir que es terrorismo no significa “acatar” o “someterse” a Donald Trump sino aplicar el Código Penal Federal (artículo 139), respaldar la definición de las Naciones Unidas y respetar los acuerdos internacionales aprobados por el Senado.
Hasta la Fiscalía General de la República lo entendió así… durante unos minutos, y reculó:
En su comunicado inicial calificó de “terrorismo” lo sucedido en Coahuayana, pero después, deduzco que modificado por la fiscal Ernestina Godoy, degradó el delito a “delincuencia organizada”, como si un coche bomba fuera equiparable al viejo delito de “asociación delictuosa”, y no un recurso dirigido a paralizar a toda una región mediante el miedo.
No es jurídico el problema: es político y cultural.
En el obradorato se ha extendido el puritanismo conceptual de su patriarca: temor a llamar las cosas por su nombre.
La explicación parece ser que, de reconocer el gobierno que en México hay terrorismo, sería aceptar que perdió el control territorial y existen zonas de excepción donde las bandas criminales operan de facto como insurgencias armadas con fines de dominio político.
Por eso la insistencia en eufemismos, como si el lenguaje moraloide pudiera borrar la realidad o reducirla a trámite.
Es terrorismo, sin duda, y la necedad oficial por negarlo, tiene consecuencias: diluye la gravedad de los hechos, impide clasificar adecuadamente los riesgos, obstaculiza la cooperación institucional e internacional y, lo peor de todo, normaliza la barbarie...