La instauración de un tribunal para juzgar y condenar lo que en Presidencia consideran “mentiras” en los medios “tradicionales” (prensa, radio y televisión) y en las redes que ahí llegaron a considerar “benditas” configura un abuso de poder que pone en peligro físico a quienes, sin oportunidad de replicar en el mismo foro, son echados a la hoguera pública.
Aunque entre “líderes partidistas, dirigentes de la llamada sociedad civil y políticos del antiguo régimen” López Obrador incluyó ayer a “empresarios, dueños de medios de información, periodistas e intelectuales de derecha” que quisieron hacerle perder la mayoría de diputaciones federales (“no los vemos como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer”), afirmó que este “bloque” o “grupo reaccionario —los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas— siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho a disentir…”.
Lo del “respeto” es obvia fakenews y la legitimidad de discrepar no es gracia de su gobierno, quien tiene la obligación constitucional de preservarla.
El día anterior, al inaugurar su mentirómetro, volvió a ofender el oficio periodístico e intelectual.
“Por el predominio de la política neoliberal o neoporfirista —dijo—, la mentira en los medios se convirtió en una constante y no había derecho de réplica; y ahora sí hay réplica, se garantiza el derecho a la información, no hay censura, hay libertades plenas y esto es muy bueno para consolidar la democracia (…). Nadie debe de sentirse ofendido (…). No se trata de calumniar a nadie. De todas maneras, imagínense, tocar a los intocables. Nada más ellos podían cuestionar y destruir hasta la dignidad, la moral, el prestigio de las personas, porque era el cuarto poder. Ahora es distinto, ahora cualquier ciudadano tiene el derecho de expresarse libremente…”.
Información falsa:
a) El derecho de réplica es tan antiguo que figura en la Ley de Imprenta que promulgó el 12 de abril de 1917 Venustiano Carranza (artículo 27: Los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgo o entrevistas…) y b) El derecho a la información es constitucional (artículo Sexto) desde 1977.
En cuanto que “nadie debe de sentirse ofendido” ni se trata “de calumniar a nadie” borbotean los ejemplos que desmienten la aseveración.
De Joaquín López-Dóriga, la animadora del nuevo quién es quién, Ana Elizabeth García Vilchis, usó el tuit En riesgo. El presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada (ocurrió en Guerrero ante un paramilitar policía comunitario) para calumniarlo con la mentira de que es “vocero de Televisa…”.
Además de “chaira, feminista y amlover”, la señora quiere pasar por lo que no es: “Nosotros como periodistas, sabemos que hay que pedir también la versión para saber qué hay del otro lado”, pontificó, pero no lo hizo con sus denostados ni el difamado Joaquín. _
Carlos Marín
cmarin@milenio.com