Un día después de la marcha a Casa Jalisco que terminó con un zafarrancho y la desastrosa actuación de los cuerpos de seguridad, el gobernador Pablo Lemus reportó en la reunión del gabinete de seguridad lo que sucedió el domingo.
Aunque no entró en detalles, Lemus reveló que informó directamente a la presidente Claudia Sheinbaum de lo acontecido en la jornada y esto incluye la versión de un “grupo de choque” conformado por unas 300 personas que buscaron “reventar” la protesta agrediendo a la policía.
Pero unos minutos después, en la mañanera del 12 de octubre, Sheinbaum dijo que no debe haber represión y que el gobierno de Jalisco debe explicar “por qué usaron agua y lacrimógenos”.
Insistió que están en contra de la represión y recordó las vallas que colocan en palacio nacional, pero en ningún momento hizo referencia a los “provocadores” que denunció el mandatario jalisciense, pese a que en otras ocasiones ella misma se refirió a acciones similares en marchas del magisterio o de otro tipo que culminaron con destrozos de comercios y puertas de edificios públicos.
Aunque no puede afirmarse que la omisión de la presidente signifique que esté ya imbuida en el calor del proceso electoral, dio pie para que las fuerzas vivas de Morena desataran metralla contra Lemus y el equivocado operativo montado en Casa Jalisco para responder a los manifestantes.
El mismo reconocimiento del gobernador de Jalisco sobre los errores cometidos y los procesos abiertos con elementos policiacos, propició que aumentaran los ataques a los que se suman los cuestionamientos por una supuesta “privatización” del servicio de agua potable a través del modelo de financiamiento que plantea Lemus para la construcción del acueducto sustituto de Chapala.
El esquema CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), que es una asociación pública-privada, ya es empleado por el gobierno federal en infraestructura carretera como el contrato BNO-APP-006G1C003-E1-2022 del segmento 2 del tramo Compostela-Las Varas, donde el particular recibe un pago fijo, otro de acuerdo al aforo de vehículos y un tercer pago como seguro para el inversionista.
Sin embargo, Claudia Sheinbaum considera que esta fórmula para el tema del agua podría significar una pérdida de control o una privatización fáctica, reclamo que ya fue incorporado en la segunda marcha para exigir agua limpia para Guadalajara.
A diferencia de la primera movilización, ahora el gobierno estatal desarrolló una estrategia distinta donde los cuerpos de seguridad permanecieron dentro de Palacio de Gobierno y no respondieron a los ataques de sujetos encapuchados.
Y a pesar que los propios ciudadanos que marcharon denunciaron la presencia de estos grupos violentos, los expulsaron y hasta en un caso concreto entregaron a dos “violentadores”, al gobierno estatal le pasó lo que al cohetero: porque no intervinieron para evitar destrozos en negocios, Palacio de Gobierno, Poder Judicial y el Congreso estatal, lo acusan de tibieza por no proteger al comercio y los bienes públicos.
Pero el colmo de los ataques provino del regidor de Morena y aspirante a ser el candidato a la alcaldía tapatía, José María Martínez, quien acusó, sin aportar pruebas, al gobierno estatal y a Movimiento Ciudadano de haber infiltrado la marcha con los provocadores para causar destrozos y desactivar los reclamos de los ciudadanos para exigir agua limpia.
Por si fuera poco, una de las soluciones que el gobierno estatal estima necesaria para resolver la crisis del “agua puerca” es la construcción del acueducto sustituto, pero el gobierno federal se está tomando su tiempo para dar a conocer la forma en cómo apoyará a Jalisco en su grave problema de agua contaminada.
Mientras llega la respuesta, los ciudadanos en su justa exigencia por recibir agua limpia en sus hogares ya anunciaron que habrá nuevas movilizaciones y lo que queda en el aire es saber la intensidad con que vendrán las protestas, el operativo oficial y los ataques al calor de la contienda electoral.