Se van a cumplir 24 años de que Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Sergio Rodríguez Rosas, Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra y José María Cirilo Ramos Tenorio fueran detenidos ilegalmente fuera de jurisdicción, sin órdenes válidas, y trasladados a Tlaxcala.
En aquellos días en aquel estado, los secuestros aumentaban dramáticamente y las cúpulas empresariales presionaban al gobierno para que hiciera algo. Y lo hicieron. Inventaron una “banda” de secuestradores, inventaron pruebas y el poder judicial de aquel estado se prestó a todo esto.
Me he referido a este caso en otras ocasiones pero lo que en verdad vale la pena leer es el reportaje hecho después de seis meses de investigación por los entonces alumnos de periodismo jurídico de la maestría de periodismo del CIDE y que fuera publicado por Gatopardo.
Desde entonces las autoridades han intentado cerrar los casos, lo que no han logrado, —hoy se encuentran en prisión preventiva oficiosa—, retrasar diligencias, y hasta reclasificar el delito de tortura como abuso de autoridad, permitiendo su prescripción y garantizando la impunidad. El encubrimiento institucional es de escándalo. En 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas determinó que la privación de la libertad en este caso fue arbitraria y solicitó la liberación inmediata de las personas que permanecen encarceladas.
No sólo eso. Un tribunal colegiado concedió a los procesados un amparo en 2016 en el que reconoció varias violaciones a derechos fundamentales (pruebas obtenidas mediante violación de comunicaciones privadas sin orden judicial, puesta a disposición y retención indebidas), y ordenó la exclusión de la mayoría de las pruebas de cargo.
Pero el laberinto judicial es el que es, un lodazal, y un juez en Tlaxcala ha ignorado todo eso y vuelto a validar pruebas que ya se habían invalidado.
Y aquí estamos. 24 años después y con prisión preventiva oficiosa.
Un dato más: el subprocurador de Tlaxcala, especializado en delincuencia organizada, sí, quien inventó el caso era Edgar Bayardo del Villar. Detenido unos años después por ser el infiltrado en varias instituciones de seguridad de El Mayo Zambada. Convertido en testigo colaborador, fue asesinado en una cafetería de la Colonia del Valle.
No creo que haga falta decir nada más.