El primero de junio de 2013, según testimonios y pruebas en el expediente de la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero, José Luis Abarca, entonces presidente municipal de Iguala, asesinó a Arturo Hernández Cardona quien era líder de Unidad Popular, organización que aglutina a 15 asociaciones de campesinos y colonos de asentamientos irregulares en Iguala.
Casi diez años después, Abarca ha recibido sentencia por aquellos hechos, pero no del asesinato, sino de secuestro agravado.
En octubre de 2015, los alumnos de la maestría de periodismo del CIDE publicaron el reportaje “El primer asesinato de José Luis Abarca” (Nexos. Octubre 1, 2015). Tuvieron acceso a miles de páginas del expediente que había compilado la Fiscalía de Guerrero. Expediente, además, que en su mayor parte se había entregado a la PGR desde junio de 2013.
Como dice el reportaje: “La revisión de más de siete mil fojas del expediente de aquel homicidio dice algo escalofriante: autoridades estatales y federales, instituciones de seguridad y justicia de todos los ámbitos, legisladores de Guerrero y federales sabían que Abarca era sospechoso de esos homicidios, y tal vez de otros. Lo sabían desde por lo menos un año antes de la noche de Iguala. Lo discutieron en reuniones privadas y se debatió en público, incluyendo la tribuna del Senado de la República”.
René Bejarano ha contado muchas veces y públicamente cómo desde aquellos días se reunió con el entonces procurador Jesús Murillo Karam y con el entonces secretario de Gobernación para pedirles que actuaran; lo pidió en una reunión de consejo del PRD que ya dominaban los chuchos, nadie actuó, la mayoría perredista en el Congreso local se negó a comenzar el proceso de desafuero para que fuera juzgado por el fuero común. El entonces fiscal estatal Iñaki Blanco siguió investigando, enviando información y hablando con la PGR. Nada.
Y entonces, la matanza de la noche de Iguala contra los estudiantes.
Y entonces, la petición de desafuero y la detención de José Luis Abarca se hicieron con base en el expediente que el gobierno federal y el PRD nacional habían ignorado.
Diez años después hay una sentencia. No por homicidio, por secuestro. Uno cometido e investigado antes de la noche de Iguala.
#todomal no alcanza a describirlo.