El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 dio a conocer ayer un nuevo documento en el que documenta la resistencia del Centro Nacional de Inteligencia, antes Cisen, a dar a conocer expedientes de aquellos años.
El mecanismo prueba que varios de esos archivos que necesita fueron retirados del Archivo General de la Nación por el CNI donde, por cierto, habían estado custodiados por personal de aquella misma institución.
Un argumento formal del CNI es casi de risa. Que como el Cisen, ahora CNI, se creó en 1989, ellos no pueden dar los documentos anteriores, a pesar de que el Cisen formalmente (y está documentado) se quedó con los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y otros órganos que terminaron bajo sus siglas y los pasó al AGN. En fin, así la resistencia.
Durante la transición, la que sería secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, organizó una serie de diálogos y foros sobre justicia transicional, memoria histórica y verdad. La ilusión duró poco. Recién llegada a la secretaría, informó a grupos de víctimas y de derechos humanos que “por lo pronto” se centrarían en el caso Ayotzinapa y un tiempo después se creó el mecanismo.
En ambos casos las investigaciones han topado con instituciones que han mostrado e impuesto su resistencia, el Ejército respecto a Ayotzinapa y el CNI, antes Cisen, frente al mecanismo. El Presidente ha dado órdenes de entregarlo todo a ambas instituciones y éstas lo han ignorado. En el caso Ayotzinapa, AMLO parece haber doblado las manos, ayer ya les dijo a los miembros del GIEI mentirosos. En el segundo caso aún no ha dicho qué opina de cómo el CNI ha ignorado su decreto de entregarlo todo.
Porque lo que no entendieron en el gobierno es que estos mecanismos de revisión histórica son mucho más complicados y serios que una pequeña comisión, como lo han probado procesos de justicia transicional en el mundo. Se necesita de un esfuerzo mucho más grande, de Estado, con enormes consensos sociales y políticos y con reglas claras para víctimas y victimarios.
Sería sencillo culpar al general secretario o al director del CNI. Pero va mucho más allá de ellos. A estas instituciones y sus burocracias por décadas se les ha pedido actuar a nombre del Estado en maneras… pues esas, como tantas veces han actuado.
¿Por qué ahora permitirían ser exhibidos y tal vez perseguidos? Con esto topa la búsqueda de la verdad cuando no se hace bien.