Desde la complicada elección del 2006, los legisladores mexicanos han encontrado una mala solución para cada problema electoral. Y los tribunales no ayudan.
El caso más reciente lo tenemos en la ciudad de Zacatecas, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió anular la elección por violaciones, dicen, a los principios de equidad y legalidad. En concreto, acusan a la candidata que ganó el conteo, Soledad Luévano, de Morena, de actos anticipados de campaña. Cito de la resolución del Tribunal confirmando lo que había dicho la Sala Regional que “consideró que existió un posicionamiento anticipado a la etapa de campañas electorales de la entonces candidata a presidenta municipal postulada por el partido Morena, porque se acreditó su asistencia a una conferencia de prensa en la que anunció su nombramiento como promotora de la soberanía nacional, la realización de actos de proselitismo, así como la difusión de propaganda electoral con su imagen y su nombre, lo que a su juicio se tradujo en una ventaja indebida de dicha ciudadana”.
Vale la pena leer las sentencias, la de la Sala Regional y la del Tribunal Superior, para caer en la cuenta de lo bizarro de nuestras leyes y la manera en que los magistrados tienen que tejer sobre terreno jabonoso. Sí, una conferencia de prensa y nueve pintas en bardas que anunciaban a la señora Luévano como promotora de la soberanía nacional, se cargaron una elección.
Yo me pregunto: de todos los que hoy aspiran a ser candidatos para el 2018, ¿cuál de ellos no ha hecho cosas que pueden ser consideradas actos de campaña? Ni los actuales miembros del gabinete, ni los independientes ni los gobernadores que suspiran… Todos han, de muchas maneras, pintado bardas y se han nombrado “promotores” de algo.
Declaro aquí que a mí lo que me parece un absurdo es la manera en que está escrita la ley. Los políticos, después de todo, se dedican a hacer actos políticos.
Y sí, todos están hoy haciendo campaña.
De hecho, lo único realmente ilegal sería lo que hacen aquellos que utilizan recursos públicos para sus campañas anticipadas. Recursos destinados a otras cosas y no a promover su imagen personal (ver el 134 constitucional).
Pero si el criterio de Zacatecas se aplica en el 2018, no hay uno solo de los hoy aspirantes que se salve. Ni elección que aguante.
Twitter: @puigcarlos