Está claro desde hace mucho tiempo que parte fundamental de la estrategia —así le dicen— de seguridad, o al menos de dar sensación de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es meter a la cárcel a cuanto pueda con la herramienta de la prisión preventiva oficiosa. El brutal aumento de delitos que han incluido en la Constitución habla por sí mismo y eso ha multiplicado el número de prisioneros y prisioneras sin sentencia.
Es una especie de Bukelismo matizado, pero inspirado en la misma idea que, como bien lo han dicho todos los organismos internacionales, va en contra de los derechos humanos. Los de todos.
Pero mal haríamos si pensamos que es nada más una idea de este gobierno o solo del gobierno federal.
Hace muchos años, gobernadores, policías y fiscales de la mayoría de los estados y de todos los partidos simpatizaban con la idea. Hace unos años les encantaba hablar de la “puerta revolvente”.
Tiene lógica —si así se le puede calificar a tal barbaridad—; se da una sensación de “castigo” a miles de personas que permite contar la historia de que se está haciendo algo. Luego las fiscalías pierden frente a los jueces, pero eso ya ni se cubre, ni se nota.
Queda claro que la medida no ayuda en nada a tener más seguridad. Basta ver los números de delitos. Pero ayuda a simular que algo se está haciendo. Ya vimos que hasta la candidata de oposición andaba ofreciendo mega cárceles.
En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de la herramienta.
La secretaria de Gobernación se aventó una presentación tan manipuladora como absurda sobre el asunto para presionar a la Corte, pero no es solo ella.
Hace unos días la zona Centro de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, es decir: varias fiscalías estatales acompañadas de la general de la república solicitaron “atentamente a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectuar una profunda reflexión sobre la realidad social en México”, y que no declararan inconstitucional la prisión preventiva de oficio. Pronto, vendrán otras peticiones similares.
Se entiende, no vaya a ser que ahora se tengan que poner a trabajar y armar casos bien para ganar en los juzgados. O tener que ponerse a chambear para argumentar frente a un juez por qué alguien tiene que pasar su proceso detenido antes de ser declarado culpable.
Ante la falta de capacidad, todos a prisión. Sobre todo los más pobres.