Desde hace varios años la organización Oficina de la Defensoría de los Derechos por la Infancia A.C. (ODI) viene documentando y actuando para resolver los casos de explotación sexual infantil en las escuelas. En específico, de violencia sexual organizada en escuelas. Como ellos explican: “los casos identificados son notablemente distintos de los miles de lamentables casos de abuso sexual infantil cometidos por un integrante del personal docente o administrativo en contra de alumnos. Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.
Hablé con Mariana Gil, directora de ODI, después de que ayer la organización sacara un reporte actualizando la situación: “desde mayo de 2021 a la fecha, la SEP ha guardado silencio frente a los 21 casos que reportó la ODI tanto en el Informe ‘Es un secreto’ en mayo de 2021, como en su actualización en enero de 2022. En 24 de los 25 casos se documentan actos de encubrimiento por parte de las autoridades educativas”.
Como me explicó, estos casos en donde en las escuelas existe toda una organización para violentar sexualmente a los alumnos, en la mayoría de los casos siempre se reporta que hay cámaras, porque esto tiene que ver con la pornografía infantil.
Me dice Mariana Gil: “somos el primer país en producción de pornografía infantil después de Tailandia. El negocio de la pornografía infantil está por debajo de las drogas, arriba del tráfico de armas. Estos casos de estructuras criminales que encontramos en las escuelas son un negocio”.
¿Qué le piden a la SEP?
“Tenemos tres sentencias. Muy importantes, porque además de las penas que les dan a los agresores, lo que hacen estas sentencias es responsabilizar al Estado para que solidariamente tome medidas, para que lo que pasó en esas escuelas no vuelva a pasar. Y son medidas desde cambiar toda la infraestructura de las escuelas, capacitación a personal docente, por ejemplo, hacer un día en el año escolar para que se hable con niños y niñas y familias sobre prevención, modificación de contratación, protocolos, o sea, dar garantías de no repetición a la Secretaría de Educación Pública, que a dos años de todo esto no ha hecho nada y sigue muda”.
Los informes se pueden leer en el sitio web de la Oficina de la Defensoría de los Derechos por la Infancia, así como en la página Protégeles, donde también se encuentra la campaña y herramientas de prevención de ODI.