La bomba informativa que ha revelado Aristegui Noticias con la presentación de un audio en el que el contraalmirante Fernando Guerrero Alcántar –asesinado semanas después— presenta ante el Secretario de Marina del sexenio anterior, almirante Rafael Ojeda, las denuncias de corrupción y cómo éste insinúa la posibilidad de que todo “quede entre ellos”; revela lo que ha sucedido con el asunto del huachicol fiscal en el país.
Queda claro, porque así sucede, que la investigación que ha afectado a parientes del almirante no tocará al ex secretario —así es esto de la 4T—; pero el problema y las consecuencias de esa impunidad es mucho mayor.
Va un ejemplo que podría ser de broma si no fuera lo que es.
En octubre del año pasado, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dijo en el Senado de la República que existían 7 mil 707 carpetas de investigación referentes al huachicol fiscal de combustible. De ese número, 818 carpetas de investigación ya contaban con detenidos, mientras que 6 mil 889 no tenían detenidos.
Para finales de año, Márquez Hernández fue relevado de su cargo, entre otras cosas, porque le quitaron la visa y vivía con lujos inexplicables. La Presidenta dijo que su destitución nada tenía que ver eso con del huachicol.
Así la impunidad.
En el último año, hemos visto operativos históricos y decomisos en Tampico, 15 millones de litros en carros tanque en Coahuila, 3 millones en Tabasco, un millón en Chiapas en refinerías clandestinas. Ocho millones de litros en Ensenada en un terreno propiedad de un afamado morenista a un lado de uno de los barrios más lujosos de Ensenada.
¿Algún detenido? ¿Alguno que importe?
Porque si los puertos y las aduanas están en manos de la Marina, pues uno supone que el asunto va más allá de empresarios y operadores de segundo nivel, porque la Marina es la Marina, eficiente, seria; nos dicen.
El año pasado, durante una comparecencia ante legisladores, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que el daño acumulado por huachicol fiscal alcanza los 600,000 millones de pesos. Va otra vez, seiscientos mil millones de pesos. Dijo que se habían presentado más de 16,000 denuncias y 102 querellas activas ante la Fiscalía General de la República por un monto de 16,000 millones de pesos.
Hasta que no haya sanciones, el huachicol no parará. No ha parado.
Claro, pueden seguir culpando a García Luna o a Zedillo. Pero el costo lo paga el gobierno de la Presidenta.