Duda razonable

La demanda contra los fabricantes de armas

Carlos Puig

En marzo de este año, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania confirmó una decisión de otro tribunal que afirma que la fabricante de armas H&K mintió al gobierno alemán para vender armas a México, utilizando declaraciones falsas para exportar más de 4 mil ametralladoras entre 2006 y 2009.

En 2019, el Tribunal de Distrito de Stuttgart había dictaminado que dos empleados de H&K habían violado la ley federal al no declarar el verdadero destino de las armas vendidas por la compañía. Aunque el tribunal encontró a tres personas inocentes en el caso, dio sentencias suspendidas de 17 y 22 meses a dos acusados, además de ordenar la confiscación de 3.7 millones de euros en ingresos vinculados a las ventas.

La demanda en contra del fabricante de armas la había presentado ocho años antes Jürgen Grässlin, un profesor que en su tiempo libre es un activista por la paz y en contra del tráfico de armas. El largo proceso en las cortes alemanas fue exitoso, porque Grässlin tuvo información que, a pesar de una prohibición expresa de la ley alemana, la compañía había vendido armas a México que habían terminado en manos de la policía de Guerrero y habían sido utilizadas durante la matanza de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.

La ley alemana prohíbe vender a países o estados dentro de países con mala reputación en el respeto de derechos humanos. El caso lo explica con precisión Ioan Grillo en su libro Blood, Gun, Money. Este es el antecedente internacional de la demanda que ayer el gobierno de México presentó contra una docena de fabricantes de armas en EU.

Es una inteligente y valiosa decisión la del gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores, más allá del tiempo que tardará en dirimirse o de cuál será la solución final. En EU, la industria de las armas tiene protecciones diferentes a las alemanas y una larga historia de impunidad judicial.

Pero me parece que es una estrategia que pone presión a fabricantes y gobierno a partir de que las regulaciones estatales —increíblemente cada vez más laxas— y la imposibilidad política de nuevas regulaciones federales.

Ya veremos en los próximos meses qué sucede con la demanda, por lo pronto, la acción del gobierno mexicano vuelve a poner en la mira la barbaridad en parte responsable de nuestra tragedia.


Carlos Puig

@puigcarlos


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