En México tener un arma legalmente es muy complicado. Para cualquier ciudadano, casi imposible por la cantidad de procedimientos que se tienen que llevar a cabo.
En este mismo país, siete de cada diez homicidios dolosos —y son más de treinta mil al año— se cometen con un arma de fuego.
Evidentemente algo se ha hecho mal. Muy mal.
Se entienden los análisis que ponen la mirada en Estados Unidos, país origen tanto en producción y distribución de las armas que están en el país; pero ¿no es responsabilidad del Estado mexicano impedir que entren al país, se almacenen y se utilicen?
Los estadunidenses han tomado una decisión desde siempre —mala, en mi opinión— de tener armas al por mayor para el que las quiera. Allá ellos. Su soberanía, dirían los que se abrazan de esa bandera.
Pero esas armas pasan por nuestras fronteras, se almacenan en nuestros municipios y por desgracia es aquí donde se utilizan para matar. ¿Nuestra soberanía? Cada esfuerzo binacional, además, da resultados mínimos, y soy generoso.
¿A quién matan esas armas?
Van los datos del Atlas de Homicidios de MUCD:
“Entre 2018 y 2024, las edades con mayor número de víctimas de homicidio fueron 30 años (7 mil 995 casos), 25 años (7 mil 816), 27 años (7 mil 519), 28 años (7 mil 373) y 26 años (7 mil 292). En conjunto, estas cinco edades concentraron 37 mil 995 víctimas, es decir, 16% del total registrado en el periodo. En el caso de las mujeres, las edades más afectadas fueron 30, 25, 23, 27 y 28 años, con un total de 4 mil 157 víctimas, también equivalente al 16% del total femenino. Para los hombres, las edades con más homicidios fueron 30, 25, 27, 28 y 26 años, que sumaron 33 mil 865 casos, nuevamente un 16% del total masculino”.
La llamada cuarta transformación ha llenado su discurso desde hace siete años con el de la prevención y de apoyo a los jóvenes. Ha creado programas de becas y de apoyo como Jóvenes Construyendo el Futuro.
Hoy, como desde hace muchos años, son esos mismos jóvenes las víctimas de la violencia que hace tanto azota al país.
Los reclutados a la fuerza, los asesinados en ranchos, los obligados a matar y matarse, los que trabajan para capos protegidos por intereses que viven más tranquilos.
Con las armas prohibidas en el país.