En septiembre de 2023, Marina del Pilar Ávila ya era gobernadora de Baja California. En esos días, su antecesor, quien había llegado al gobierno por la misma coalición que ella, Jaime Bonilla, dijo en la tribuna del Senado de la República, refiriéndose al gobierno de Marina del Pilar: “El gobierno dejó de ser socio de los cárteles a convertirse en un cártel, el cártel que ya le hace competencia a los que ya todos conocemos”.
Sí, eso fue hace casi tres años.
Jaime Bonilla salió enojado de la gubernatura tras un fallo judicial que le impidió ampliar su mandato, que sólo fue de un par de años —cosas raras de la alineación de fechas electorales—, y su enojo se trasladó a su sucesora. En ese mismo 2023 renunció a Morena y hoy lidera el PT en el estado.
Hace un par de meses, Bonilla dijo públicamente lo mismo sobre la gobernadora.
La bronca entre ambos no ha parado. De hecho, el gobierno de Marina del Pilar inició un procedimiento contra Bonilla, por el que fue vinculado a proceso, por la planta fotovoltaica Next Energy.
En fin, no se quieren nadita.
Por eso suena raro, muy raro, que ayer Marina del Pilar revelara que, ante el retiro de su visa por parte de Estados Unidos, pidió consejo a Jaime Bonilla para buscar soluciones. Sí, al mismo que en 2023 dijo en el Senado que su gobierno era un cártel. Suena raro. O ingenuo.
Dijo la gobernadora ayer: “En ese contexto, Jaime Bonilla me ofreció reunirme con personas de EU para platicar sobre mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor”.
Y agregó: “Pero lo perverso orquestado por Jaime Bonilla no podrá opacar la realidad. La que nada debe, nada teme”.
Bonilla no tardó en contestar: “La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se encuentra en medio de una crisis de pánico, debido a las investigaciones que se le siguen por narcoterrorismo en Estados Unidos y a que sabe perfectamente que Montserrat Caballero será la próxima gobernadora del estado”.
En esa última frase puede estar la clave. La disputa, mejor dicho: el broncón por quién competirá por la gubernatura de Baja California el próximo año con las siglas de la 4T.
Y la pregunta es… en medio de esta telenovela —incluye divorcio y todo— que irremediablemente afecta ya no a Baja California, sino al gobierno: ¿quién pone orden? ¿Quién ejerce la autoridad en “el movimiento”? ¿Quién detiene lo que ya no es una guerra política sin control ni límites? ¿Hay alguien por ahí?