A finales de mayo, Omar García Harfuch informó que en este sexenio se habían detenido a un total de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos por presuntos delitos contra la seguridad. Para estas fechas y gracias a otros operativos la cifra es más alta.
"Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que donde existan indicios y pruebas para quienes cometan delitos, sean funcionarios o exfuncionarios público, serán investigados y detenidos”, dijo García Harfuch.
En aquellos días el informe del secretario tenía que ver con responder a la idea que el gobierno no tocaba a los suyos –un mes antes había estallado el escándalo Rocha Moya—; pero también es cierto que los operativos y detenciones que presumía García Harfuch eran resultado de una estrategia clara desde que la presidenta Sheinbaum llegó al poder: la federalización de la lucha contra la delincuencia.
Después de muchos años de franco deterioro –falta de presupuesto, de personal, corrupción— en la mayoría de los cuerpos de seguridad locales hoy la apuesta es una enorme Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Buena parte de los estados tienen como secretario de Seguridad a personajes puestos desde el gabinete de seguridad federal; más para coordinarse con lo nacional que para mejorar lo local.
Como lo apunta Bernardo León en su muy buen texto en Nexos: “En México, hay mil 898 corporaciones de policía municipal que emplearon a 164 mil 224 policías en 2024, que ejercieron 109 mil 543 millones de pesos y que pusieron a disposición de Ministerio Púbico a unos 176 mil 216 presuntos delincuentes y a un millón 79 mil 982 presuntos infractores cívicos. Es decir que, con apenas 31.1 por ciento del Estado de fuerza, hicieron 79.1 por ciento de los arrestos cívicos y 54.6 por ciento de las detenciones de presuntos delincuentes”.
Las fuerzas locales son las que la ciudadanía tiene cerca, con las que lidia todos los días y por lo tanto, las que más tienen que ver no solo con la prevención y extinción del delito, sino con la percepción de seguridad que se resiste a bajar, al menos en comparación con la reducción de delitos que el gobierno federal presume.
Por más que haya crecido la fuerza federal nunca sustituirá a las instituciones locales, esas que cada vez tienen menos presupuesto, capacitación y vigilancia. Y ahora vienen elecciones, ese momento cuando los grupos criminales se reacomodan con los que llegan.
Ese es el dilema del gabinete de seguridad para los próximos años: desde lo federal o lo local. Es un problema estructural de años atrás.