Desde diciembre de 1988 hasta el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, 16 personas fueron titulares de la Procuraduría General de la República. Dieciséis.
Menos de dos años en promedio.
Esa es la PGR de La Paca y Chapa Bezanilla; de la primera investigación sobre el asesinato de Colosio; de la “verdad histórica” en Iguala; de la nada en Tlatlaya; de dejar pasar Odebrecht, de Elba nos estorba, metámosla a la cárcel; de La Quina jugó con nosotros, hagámosle igualito… en fin, no acabaría nunca el recuento.
La PGR era al mismo tiempo una herramienta poderosísima en lo político y al mismo tiempo era una trituradora de sus titulares, los arrastraba. Son apenas contados los que salieron de ahí medianamente bien.
Hace unos años, después de entrevistar a uno de los procuradores, me confesó: no confío en el 90 por ciento de este edificio. Me acordé que lo mismo me había dicho muchos años antes otro procurador.
Las ilusiones de una fiscalía autónoma y eficiente han sido aplastadas por Alejandro Gertz con su politización y utilización para asuntos personales —igualito que antes— y ha terminado con la posibilidad de que eso funcione, más allá del tiempo formal que dure. Ahora hasta la Suprema Corte se está llevando entre las patas. La pregunta hoy es qué seguirá después y si hay alguien interesado en que esto no siga así cuando el fiscal decida que ha concluido su encargo, porque ayer quedó claro que en la Presidencia “le tienen confianza”.
Hay una nueva ley orgánica de la fiscalía que, desechando la acordada en el 2018, fue elaborada por el actual fiscal y como explicó México Evalúa: “reduce los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, elimina salvaguardas para la autonomía de la fiscalía y la de los altos fiscales, derechos de las víctimas y obligaciones de la institución. Asimismo, a pesar del tiempo transcurrido, ante la omisión del Senado de la República, la fiscalía aún carece de un Consejo Ciudadano, diseñado como un contrapeso al poder del fiscal”.
Ahora, a diferencia de las anteriores procuradurías, la fiscalía es constitucionalmente autónoma, es decir, no es sencillo cambiar al fiscal como antes eran descartados por los presidentes después de cada escándalo.
Es lo que hay. Lo de siempre. Un poco peor.
@puigcarlos