Una de las más graves herencias de este gobierno es la relativa a los aparatos de seguridad y procuración de justicia en el país.
La militarización de las fuerzas de seguridad federales (y varias estatales), el debilitamiento y continua politización de las fiscalías, la lenta desaparición de policías municipales y más.
Pocas cosas demuestran el espíritu punitivista y sí, anticonstitucional, que la prisión preventiva oficiosa que aplasta lo que a la letra dice nuestra Carta Magna: que todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario frente a un juez.
Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana federal, asistió a la Cámara de Diputados. Presumió lo presumible, habló de baches, pero también aceptó que la extorsión es un problema que no cede.
¿Qué solución propuso? Prisión preventiva oficiosa, nomás faltaba.
Dijo que aun cuando las policías municipales, estatales, la Guardia Nacional y elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina hacen detenciones de personas que extorsionan, éstos son liberados automáticamente, porque este ilícito no es considerado como grave: “Yo los invito, y aquí han hablado todos los que han pasado, que han estado en este mismo recinto, en este mismo micrófono, a que legislemos en materia de extorsión y que la preocupación que ustedes tienen que aquí han estado hablando se haga patente con hechos, y el hecho es que necesitamos urgentemente hacer delito grave la extorsión”. Redacto estas líneas antes de saber cuál fue la decisión del Senado de la República frente a la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero me detengo en una parte de la exposición en comisión de Bertha Alcalde, por mucho la mejor de las tres candidatas y de muchas otras y otros que podrían aspirar.
Cuando habló de la prisión preventiva oficiosa, dijo claramente que a partir de decisiones internacionales recientes el Congreso debería discutir su eliminación. Rosa Icela y el Presidente quieren más.
Alcalde dijo también que hay que reforzar el sistema de medidas cautelares y que la prisión preventiva sea considerada caso por caso, dependiendo de los riesgos que cada acusado represente. Sabemos que no son muy buenos para eso de escuchar, pero ahí está Bertha, que de eso sabe y que evidentemente el Presidente en ella confía.