M+.- Lo que conocimos ayer, la acusación de un gran jurado contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador por el mismo estado, Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; los tres en activo más siete exfuncionarios más es un hecho inédito en la historia de la relación bilateral.
Es en ese sentido sorpresiva, pero en muchos otros no lo es tanto.
La información sobre los nexos de Rocha Moya, sus cercanos y los cárteles, en particular los de los Guzmán, ha estado ahí hace tiempo, documentada entre otros por medios de comunicación con la independencia y prestigio de Río Doce o el Noroeste. Vaya, hasta el mismo Rocha Moya dijo que él no tenía problemas para hablar con ellos. Lo dijo con todas sus letras uno de ellos, Zambada, después de que fuera secuestrado por sus rivales y llevado a Estados Unidos.
Hace tiempo que Zambada está en aquel país en proceso y se sabe que una parte de la familia Guzmán anda también allá, hablando con autoridades estadunidenses para definir su futuro y el de sus parientes acusados y presos.
Hoy es evidente, por lo que dice la acusación, que hace meses que la fiscalía neoyorquina viene trabajando el caso. Ahora comenzará la parte legal, la presentación formal de pruebas a México —según dice el Tratado— y luego vendrá la decisión de la fiscalía, es decir, del gobierno.
Ahí está el asunto. Porque lo que siga será una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, de nadie más.
Los acusados se han cobijado en ella. Tanto el gobernador Rocha como el senador Inzunza han argumentado que la acusación es contra “el movimiento”, “Morena”, la “4T”, a “a las y los mexicanos que representamos esa causa”; vaya, hasta a López Obrador metieron en el asunto. Nadie los acusa de tontos.
En momentos en que la relación bilateral estaba, de por sí, en momentos complicados gracias a la renegociación comercial y el asunto de la CIA en Chihuahua.
Es difícil recordar un momento así para un presidente de México en las últimas décadas.
Proteger a Rocha y coacusados a la mala, con lo que eso significaría en la relación bilateral.
Mandarlo a Estados Unidos y lo que eso causará en el morenismo.
Juzgarlos en México (algo que se puede hacer, según la norma) antes de enviarlos causando tanto el enojo de los estadunidenses como de los morenistas.
La Presidenta de la “cabeza fría” tiene el peor problema político en muchos años.
Hoy en la mañanera comenzaremos a tener pistas de por dónde va su decisión después de la bomba que le ha estallado.