El “problema catalán” o la “cuestión catalana” es una expresión que intenta explicar la relación entre poderes centrales y poder regional, así como el nexo de pertenencia de Cataluña en España.
Por razones históricas, culturales o económicas los catalanes han insistido en sentirse, ser y exigir que se les reconozca como un pueblo diferente al resto de los españoles, pero de que Cataluña ha sido y es parte de España no queda duda, baste recordar que en el referéndum de 1978 que aprobó la Constitución el 90% de los catalanes que votaron dijeron sí, y esa ley les reconoce derechos históricos e instituciones autonómicas que ejercen amplias atribuciones legales y políticas.
En los últimos años algunos políticos insisten en señalar que los catalanes son explotados (“España nos roba”), han venido adoctrinando en la idea separatista, han creado un aparato eficaz de propaganda antiespañola, y ahora han planeado y ejecutado una serie de acciones subversivas, populistas y nacionalistas con el objetivo de separarse de España e intentar proclamar una República independiente.
Esos actos rupturistas no tienen sustento en la Constitución, en las leyes nacionales ni en el Estatuto catalán, los primeros días de septiembre de este año, sin respetar las más elementales formas democráticas, sin observar las normas que rigen el procedimiento parlamentario y en contra de los dictámenes jurídicos del propio Parlamento regional una parte de los diputados aprobaron una hipotética ley que les facultaba a realizar una consulta a la ciudadanía catalana para decidir la separación de España y declarar unilateralmente su independencia.
Mientras todo eso sucedía el gobierno de Mariano Rajoy no hizo nada para prevenir ni evitar que las cosas llegaran a ese extremo, cuando reaccionó, unos días antes del pretendido referéndum, lo hizo de manera tardía, torpe y equivocada.
Más grave aún, a pesar que el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de la consulta, de que varias resoluciones judiciales prohibieron la celebración, no obstante que se requisó material electoral y se enviaron centenares de policías nacionales y guardias civiles para evitar que se recibiera la votación, los hechos del 1 de octubre demuestran un severo fracaso del Estado de derecho, a pesar que la Junta Electoral y la Unión Europea no reconocieron validez alguna a esa votación.
Ese día la mayoría de las mesas se instalaron, miles votaron varias veces ya que cada quien podía imprimir las boletas y votar donde quisiera, se rellenaron urnas, no hubo padrón ni autoridad electoral (sus integrantes habían renunciado), la policía regional no acató la ley y no cumplió las órdenes judiciales de impedir que se votara, los resultados se manipularon de manera descarada, y lo más grave, los actos violentos y el discurso de odio fracturaron la convivencia entre los catalanes.
El Estado de derecho, en su expresión de fuerza, fracasó porque la policía no pudo evitar la jornada y actuó con torpeza y con excesiva violencia; el poder del Estado, manifestado en modo jurídico, no fue respetado por el gobierno de Cataluña sin que hubiera recibido sanción alguna; y la autoridad del Estado no la supo ejercer ni el Gobierno que mostró impotencia y debilidad, ni el Parlamento que se mantuvo al margen del problema. Respecto de los líderes políticos, a su supina mediocridad, se sumó su mezquindad, falta de valor y de fidelidad con España.
Ante la gravedad de la situación el rey Felipe, en un discurso inusual, acusó dura y directamente a las autoridades de Cataluña de incumplir, “de una manera reiterada, consciente y deliberada” la Constitución y el Estatuto de Cataluña, reprendió su “deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado” y reprochó su “inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña”, además, se comprometió con la unidad y permanencia de España.
El Gobierno catalán convocó al Parlamento regional a un pleno para el lunes 9 de octubre en el que se haría la Declaratoria Unilateral de Independencia (DUI), esa sesión ya ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y de llevarse a cabo quienes intervengan en ella podrían ser acusados de graves delitos.
José Antonio Marina explica que los problemas se pueden “terminar” o se pueden “solucionar”, se “terminan” cuando los problemas se cortan por la fuerza y se cierran en falso; se “solucionan” cuando todas las partes implicadas reconocen –y aceptan- que, aunque en un momento puedan perjudicarles, la regla aplicada para resolver la situación es la justa. Añade, “el conflicto entre el Estado español y una parte de los catalanes se ha terminado varias veces, pero no se ha resuelto nunca”.
Todo parece indicar que la única forma de resolver este problema en el futuro mediato será celebrar un referéndum pactado para que los catalanes decidan, en definitiva, su permanencia o su exclusión de España.
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