En el verano de 2006, hace ahora 15 años, Andrés Manuel López Obrador pronunció estas palabras, publicadas el día que fue validada la elección presidencial: “El día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 2 de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un golpe de Estado”, y más adelante: “El fraude electoral de 2006 ha sido a la vez el más burdo y el más sofisticado de la historia electoral de México. Se recurrió lo mismo a los métodos tradicionales, como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales y la falsificación de actas de escrutinio de las casillas, que a medios más sofisticados como la manipulación de los sistemas de cómputo”. No hubo acarreo de votantes ni sustitución de funcionarios de casilla ni relleno de urnas con votos ilegales; tampoco falsificación de actas de escrutinio ni manipulación de los sistemas de cómputo. Nada de eso ocurrió en la elección del 2 de julio.
Sus conferencias hacen campaña, todas las mañanas; sus programas son electorales
Ocurrieron otras cosas. El IFE, en concreto, no pudo frenar el activismo del presidente de la República (ni el de las autoridades del Distrito Federal) porque resultó insuficiente el instrumento legal que tenía para ello: el acuerdo de neutralidad aprobado el 19 de febrero de 2006, en el cual fueron emitidas las reglas de imparcialidad que debían observar tanto el presidente como las demás autoridades del país (incluidas las del Distrito Federal). López Obrador pudo haber impugnado la elección, sin descalificar al juez. Pudo señalar, en especial, el activismo del presidente Fox a favor del candidato del PAN. No lo hizo entre otras razones porque él mismo fue también beneficiario del apoyo, enorme, que le dio el gobierno del Distrito Federal. La inauguración de los segundos pisos ese año, por ejemplo, fue un gran acto de campaña del candidato de la coalición por el Bien de Todos: hubo globos amarillos, volantes con el lema Cumplir es mi compromiso, autobuses cubiertos con fotografías de Andrés Manuel, gritos de ¡Obrador, Obrador, Obrador!, incluso un discurso a su favor pronunciado por la entonces secretaria de Medio Ambiente del gobierno del DF.
En 2006, López Obrador condenó la intervención del presidente de México en favor del PAN. Hoy, en 2021, hace él mismo lo que condenó: dar a su partido, en las elecciones, el apoyo decidido del Estado. Todas sus conferencias hacen campaña, todas las mañanas. Todos sus programas de gobierno son electorales: los subsidios de Sembrando Vida, los apoyos de Jóvenes Construyendo Futuro, las becas Benito Juárez, las pensiones para los Adultos Mayores. Los superdelegados que operan en todos los estados tienen estructuras indiferenciadas entre gobierno y partido, al igual que los servidores de la nación. Incluso las brigadas para la vacunación contra el covid tienen un sesgo partidista en México.
Carlos Tello Díaz
Investigador de la UNAM (Cialc)
ctello@milenio.com