Acaba de empezar a circular un informe sobre el futuro de Cuba, elaborado por un grupo de trabajo auspiciado por Harvard, en el que participan investigadores de las universidades de Miami, MIT y El Colegio de México, y del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo en Cuba. El informe analiza la crisis que enfrenta la isla, una crisis económica, social, política, sanitaria y demográfica, que pone en peligro la existencia misma de la nación, así como la estabilidad en el Caribe. Retrata sin concesiones la realidad en el país. “Indicadores básicos del bienestar humano”, dice, “como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la desnutrición, la seguridad alimentaria y ciudadana, han empeorado drásticamente. Una sociedad crecientemente segmentada ha producido brechas de tal magnitud que el concepto mismo de mercado interno ha ido perdiendo sentido. Una proporción muy importante de la población total vive en la pobreza y en niveles de miseria que no sostienen la reproducción social. El país se está vaciando y ha perdido cerca del 20 por ciento de su población en el último lustro. La corrupción crece, alimentada por la ausencia de un Estado de derecho, por un entramado institucional precario que busca sustentarse a toda costa y por un sistema político carente de legitimidad doméstica e internacional. Las demoliciones y derrumbes de inmuebles urbanos se multiplican, transformando a las ciudades en paisajes apocalípticos, donde los escombros le disputan el espacio a la basura y la mendicidad”.
Cuba enfrenta una caída del 11 por ciento de su PIB entre 2019 y 2024. Su población ha descendido casi 30 por ciento en apenas una década. Los servicios más básicos —luz, agua, salud, transporte— están paralizados. Los derrumbes son frecuentes (mil edificaciones al año colapsan en La Habana). Y los cubanos sufren hambre: el país importa más del 70 por ciento de sus alimentos y el 80 por ciento de su población come apenas una comida diaria, o menos. Han surgido epidemias: dengue, zika, influenza. Las Naciones Unidas hablan ya de una Emergencia Humanitaria. El gobierno cubano ha hecho mal las cosas: “las inversiones en turismo en el 2024 fueron 14 veces mayores que las destinadas al sector agropecuario y 11 veces mayores que las inversiones en salud, asistencia social y educación”. El bloqueo petrolero de Estados Unidos, por su parte, instaurado por Trump, ha agravado la crisis energética y sanitaria, con apagones de veinte horas diarias en Cuba. El descontento de la población, expresado en protestas, ha sido respondido con represión. Hay más de mil 300 presos políticos, una altísima población penitenciaria, la más alta per cápita del planeta, superada sólo por El Salvador. No hay por eso una oposición articulada al interior y, al exterior, la diáspora cubana y la comunidad cubanoamericana están excluidas y demonizadas. Gaesa, controlada por militares, opera como un Estado dentro del Estado.
El informe propone una amnistía general para los presos políticos, seguida de la eliminación de todas las sanciones, para poder avanzar hacia un Estado de derecho. “En el mediano y largo plazo”, concluye, “Cuba requerirá de una nueva asamblea constituyente que sirva de espacio a un debate nacional que ha sido postergado durante décadas y en el que se creen los fundamentos de un sistema democrático y plural”.