Todo apunta a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminará haciendo lo que el Congreso de Tamaulipas ha evitado durante años: ajustar una ley que ya no encaja con los criterios constitucionales vigentes.
Un proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz perfila declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto, además de evidenciar algo aún más incómodo: la omisión de garantizar servicios de salud reproductiva en ese tenor.
El debate ya no es nuevo ni incierto. Desde 2021 se abrió la puerta a la despenalización y en 2023 el tema volvió a quedar claro en criterios legislativos. Sin embargo, el Congreso Local ha preferido moverse en la ambigüedad: ni deroga plenamente, ni asume el costo político de mantener la criminalización en los hechos. Ese vacío es el que ahora está llenando el Poder Judicial.
El proyecto no solo cuestiona el Código Penal de Tamaulipas, sino también una lectura constitucional que protege la vida “desde la fecundación”, una redacción que choca con los estándares fijados por la propia Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017. En otras palabras, el litigio no está inventando nada nuevo: está empujando a que se cumpla lo ya resuelto.
Un juzgado de distrito negó el amparo por “falta de interés legítimo” de un grupo de tamaulipecas, pero la lógica del proyecto es clara: no se necesita estar embarazada para que una norma que criminaliza el aborto tenga efectos estructurales sobre cualquier persona con capacidad de gestar. Esa es la discusión de fondo.
La Corte, una vez más, aparece como el actor que ordena lo que el Congreso no se atreve a decidir. Y eso tiene un efecto político evidente: cuando el Legislativo no legisla, otros terminan legislando por él desde los tribunales.
Ayer estaba enlistado el proyecto de resolución pero se dejó para la próxima sesión. De aprobarse sin cambios, el mensaje sería claro, no es una discusión moral ni partidista, es un problema de constitucionalidad ya resuelto en la práctica. Y en ese escenario, el Congreso de Tamaulipas no estaría frente a una opción ideológica, sino frente a una obligación jurídica inevitable.
Podemos no coincidir, pero el derecho vigente ya marca una realidad que no depende de opiniones.