La negociación y el conflicto son inherentes al quehacer político. Negarlo conduce a dos salidas igual de peligrosas: o el control férreo de la fuerza para imponer, o el regateo permanente para sobrevivir.
En ambos extremos se pierde lo esencial: el sentido del bien común.
Por eso, si algo debiera distinguir a Morena —si de verdad se asume como movimiento de transformación — es la congruencia.
Y la congruencia, en política, está más allá de andarla proclamándola, es la base de su legitimidad.
En días recientes corrió el rumor que el PT y el Verde rumbo a la reforma electoral pasaría por el filtro del intercambio por algunas gubernaturas y presidencias municipales a disputarse el próximo año.
Aún desconocemos los términos en que viene la propuesta de reforma que enviará la presidenta Sheinbaum y algunos actores ya se repartieron estados y municipios…
Lo importante aquí no es el rumor, sino el principio.
Si el respaldo a una reforma política se entiende como “toma y daca” de gubernaturas, candidaturas o cuotas, entonces la transformación se reduce a un mercado: votos legislativos por posiciones, reforma por botín.
Y cuando la política se vuelve mercado, la virtud pública se vuelve mercancía.
México ya vivió una versión grotesca de ese régimen de transacciones. Se normalizaron prácticas que deberían avergonzar a cualquier república: chantaje, cálculo mezquino, vacilación oportunista y presión como moneda corriente.
Hubo compra de voluntades, acuerdos por debajo de la mesa y reformas empaquetadas como negocio. Eso no fue modernidad; fue degradación institucional.
El punto es de fondo: el PT y el Verde Ecologista no pueden comportarse como si su interlocutor siguiera siendo el viejo régimen.
Si de verdad se dicen aliados de una trasformación, su relación con Morena no puede estar fundada en el reparto, sino en el rumbo.
El apoyo a una reforma electoral debe entenderse en el marco de la transformación: reglas limpias, representación más justa, costos racionales, equidad real, y no una subasta de candidaturas donde sus dirigentes vayan siempre en primeras formulas vía representación proporcional.
Hoy, además, el contexto es otro. Ningún partido escapa a la crisis ideológica, ética y de credibilidad.
La política se ha “personalizado” al extremo: la figura del político pesa más que su programa, los recursos más que las ideas.
Y las redes sociales exhiben lo que antes se ocultaba: incoherencias, ambiciones, dobles discursos, hipocresía.
La sociedad observa, critica, archiva y sentencia. La polarización es intensa, pero no por eso el conflicto debe resolverse con regateo.
El conflicto de ideas debe ventilarse como debate público, no resolverse como negociación de puestos.
Por eso los acuerdos si van a existir, deben estar respaldados por la base social, por razones explícitas y por un horizonte claro, no por aspiraciones electoreras.
La discusión y el desacuerdo no están peleados con la responsabilidad y la mesura; al contrario: la verdadera política se prueba cuando se debate con firmeza sin caer en el chantaje.
No se trata de sumar votos entre partidos, sino de recuperar confianza con la gente, la que mandó al basurero de la historia a los que se sentían intocables y estúpidamente poderosos.
La reforma debe responder al país real, al reclamo ciudadano que exige reglas limpias y equitativas; no a las viejas prácticas con las que las cúpulas se reparten el poder entre negociación, chantaje y ambición.
@cuauhtecarmona