Las autoridades estatales se encuentran ante una encrucijada, donde deberán mostrar firmeza y priorizar el bienestar social, ante un posible incremento en el costo del pasaje del transporte público.
Es innegable que dicho sistema de movilidad en Puebla tiene deficiencias, mismas que se ven a simple vista, con unidades obsoletas, falta de equipos de vigilancia y falta de capacitación de sus operadores.
Pero también hay que reconocer la otra cara de la moneda, tras el último aumento autorizado por el gobierno estatal en 2019, los precios de los combustibles han seguido subiendo.
A ello hay que sumarle los incrementos en costos de seguros, refacciones, permisos de operación, entre otros insumos que repercuten directamente en el bolsillo de los concesionarios.
Visto de esta manera, es necesario que haya una actualización de la tarifa del transporte público, la cual no debe ser exagerada como en su momento plantearon algunos transportistas, de que subiera a 15 pesos, pero si encontrar un punto medio que ayude a mejorar el sistema.
Socialmente el tema va a generar una oleada de críticas, pero también hay que reconocer que en muchas ocasiones las personas prefieren gastar dinero en banalidades en lugar de cosas que pueden ser de su beneficio.
Un ejemplo de ello son las becas que el gobierno federal otorga a los estudiantes, las cuales han sido utilizadas de varias formas, cuando su fin es precisamente ayudarlos en cosas como en sus pasajes a la escuela.
También hay que verlo desde un ángulo político, incrementar la tarifa del transporte público puede que no sea la mejor decisión tomando en cuenta que el próximo año se tendrán elecciones para renovar las 217 presidencias municipales, el Congreso local y las diputaciones federales.
La decisión puede tener un costo político que se reflejará en las urnas, pero por eso mismo es necesario que haya una suma de voluntades y que estas sean firmes para encontrar una decisión equilibrada que no afecte a la población y que ayude a mejorar el transporte público.