Los terremotos son inevitables. Las tragedias humanas que los siguen, muchas veces no. Eso es lo que vuelve a quedar expuesto en Venezuela: un desastre natural convertido en catástrofe nacional no sólo por la fuerza de la tierra, sino por la fragilidad de un Estado debilitado tras años de deterioro institucional.
Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon al país la semana pasada dejan cerca de 2 mil muertos, más de 10 mil 500 heridos y pérdidas preliminares por 6 mil 700 millones de dólares, equivalentes a casi 7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Más de 58 mil edificios podrían estar dañados y alrededor de 1.8 millones de personas requieren ayuda urgente. Son cifras que retratan la magnitud del desastre, pero también la vulnerabilidad acumulada.
Porque un terremoto no golpea igual en todos lados. En países con instituciones sólidas, normas de construcción modernas y sistemas de respuesta eficientes, la destrucción puede ser severa, pero la capacidad de contenerla y reconstruirla es mucho mayor. En Venezuela, en cambio, el desastre encontró infraestructura envejecida, servicios públicos debilitados y una capacidad estatal reducida por años de subinversión, centralización y fuga de talento.
El sistema de salud lo muestra con claridad. Antes del sismo ya operaba con escasez de insumos, apagones y falta de personal médico. Ahora, con hospitales parcial o totalmente fuera de operación, la presión sobre una red ya saturada se multiplica.
El problema de fondo no es sólo económico, sino institucional. Gobernar no es administrar la coyuntura ni preservar el poder; gobernar es construir resiliencia. Es invertir en infraestructura, fortalecer sistemas de prevención y garantizar que, cuando llegue un choque externo —sanitario, financiero o natural— la sociedad pueda resistirlo.
En Venezuela ocurrió lo contrario. Durante años, la infraestructura pública se deterioró, la capacidad fiscal se estrechó y la gestión técnica perdió espacio frente a la lógica política. El terremoto no creó esas fracturas; simplemente las hizo visibles.
Pero incluso en medio de esa devastación emerge otra realidad. Cuando el Estado falla, aparece la sociedad. Son vecinos rescatando vecinos, voluntarios organizando refugios, médicos improvisando atención y comunidades enteras sosteniéndose mutuamente. Esa solidaridad no sustituye instituciones, pero recuerda algo esencial: la fortaleza de un país no descansa sólo en su gobierno, sino en su tejido social. Es ahí en donde radica, para hoy y para mañana, la esperanza del generoso pueblo venezolano.
Alfa Positivo. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó una inversión de 250 millones de dólares en el puerto de Altamira por Logistec, importante operador marítimo canadiense.