En un entorno de tasas altas y poco margen fiscal, la nueva ley de infraestructura llega en buen momento. Busca potenciar el desarrollo creando sinergias entre recursos públicos y privados. Su lógica es clara: alinear incentivos para atraer capital privado sin distorsionar el mercado.
La nueva ley establece un marco que da orden y certidumbre a la participación conjunta del gobierno, empresas y grandes inversionistas en proyectos de largo plazo. Estandariza reglas, crea instrumentos como el Contrato de Inversión Estratégica y facilita el acceso al mercado de capitales. En pocas palabras, apunta a que los proyectos se construyan sobre bases previsibles.
Los compromisos se mantienen dentro de la disciplina hacendaria, el Presupuesto y la supervisión del Congreso. No hay garantías implícitas fuera del marco fiscal vigente ni espacios para discrecionalidad.
En el debate público ha ganado fuerza la idea de que las Afores serán obligadas a invertir en infraestructura. Es falsa. El ahorro de los trabajadores permanece intacto y las decisiones de inversión continúan sujetas a criterios estrictos de riesgo y rendimiento. Cada proyecto será evaluado caso por caso bajo responsabilidad fiduciaria.
La diferencia relevante está en los incentivos. Se crean mejores condiciones para que el capital encuentre proyectos bien estructurados: reglas claras, mayor certidumbre jurídica y menos fricciones operativas. Eso es lo que permite que el dinero fluya hacia donde tiene sentido económico.
La experiencia internacional muestra que los fondos de pensiones participan en infraestructura cuando existen proyectos sólidos, con flujos predecibles y marcos regulatorios estables. Es una clase de activo compatible con horizontes de largo plazo.
El alcance de la ley está en facilitar inversión en sectores clave como transporte, energía, agua y salud, con efectos positivos en productividad y crecimiento. Además, en un contexto de relocalización de cadenas industriales, contar con infraestructura suficiente y bien financiada es condición indispensable para que el nearshoring se traduzca en inversión real y no en una oportunidad desaprovechada.
El mensaje de fondo es contundente: el desarrollo no se decreta, se construye. Y se construye mejor cuando el Estado fija reglas claras y el capital responde. Esta ley va en esa dirección.
Alfa positivo. México avanzó seis lugares, del 25 al 19, en el Índice de Confianza en la Inversión Extranjera Directa 2026 elaborado por Kearney. Esta es una de las mayores mejoras en este ranking global en el contexto de tensiones geopolíticas y reconfiguración de las cadenas de suministro.