La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, una de las apuestas económicas más relevantes del sexenio. El planteamiento parte de una convicción clara: fortalecer el ritmo y la profundidad del crecimiento económico mediante una expansión deliberada de la inversión, capaz de traducir estabilidad macroeconómica en mayor productividad y bienestar.
El plan reconoce que la economía mexicana tiene un potencial significativo aún por desplegar. Para hacerlo, resulta indispensable ampliar la formación de capital, cerrar brechas en infraestructura y generar condiciones que permitan que la inversión —pública y privada— opere como motor estructural del crecimiento. No se trata solo de construir obras, sino de reposicionar la inversión como eje del desarrollo económico.
El programa contempla una inversión pública cercana a 900 mil millones de pesos y la movilización de recursos adicionales por 722 mil millones mediante esquemas mixtos. El objetivo es alcanzar, hacia el final del sexenio, una inversión acumulada cercana a 5.9 billones de pesos. La asignación sectorial responde a prioridades productivas claras: energía concentra la mayor parte de los recursos, seguida por transporte, carreteras, agua y salud. Detrás hay un ejercicio técnico que prioriza proyectos por su impacto económico y social.
Un día después, la primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones reforzó el mensaje central del plan. La inversión es una tarea compartida, en la que el Estado actúa como articulador: define prioridades, ordena proyectos y reduce incertidumbre para que el capital privado participe con mayor escala y horizonte de largo plazo. Más que sustituirlo, el objetivo es multiplicarlo, canalizando ahorro hacia proyectos productivos y alineando incentivos entre rentabilidad y desarrollo regional.
La evidencia económica respalda este enfoque. La inversión en infraestructura reduce costos logísticos, elimina cuellos de botella y eleva la productividad, con efectos persistentes sobre el crecimiento de largo plazo. En economías de ingreso medio estos impactos son especialmente relevantes cuando existe planeación, financiamiento adecuado y continuidad institucional.
Desde hace años el consenso técnico señala que México requiere invertir alrededor de 25 por ciento del PIB para detonar un crecimiento más robusto. Aunque la inversión ha mostrado cierta recuperación, aún existe margen para avanzar, especialmente desde el ámbito público. El plan busca cerrar esa brecha mediante una arquitectura financiera renovada y una coordinación de largo plazo entre infraestructura, política industrial y bienestar social.
No estamos ante un catálogo de obras, sino ante una definición de rumbo. Porque una mayor inversión no solo acelera el crecimiento: le da profundidad, lo hace sostenible y permite que se traduzca en desarrollo real.
Alfa positivo. Además del impacto cultural y político del espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón LX, Bad Bunny volvió a demostrar que lo latino ya no es un nicho, sino una corriente global con escala, demanda y valor económico propio.