M+ ¿Qué revela que la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) sea capaz de acorralar, como lo hace, al gobierno, chantajeándolo y sometiéndolo?
Que la principal característica del Estado mexicano es su debilidad, no su fuerza. La fuerza de un Estado se mide por su relativa autonomía respecto a los grupos de poder legales e ilegales que cohabitan en una sociedad (sindicatos, empresarios, mafias). ¿Puede un gobierno imponer una política pública que afecte intereses de grupos poderosos económica o socialmente? ¿Tiene un control territorial autónomo? ¿Tiene un poder de administración y de gestión propios?
La verdad es que, el régimen priista no construyó una estructura administrativa amplia, autónoma y económicamente sustentada en recursos fiscales, que le permitiera definir políticas públicas, negociando sí con los grupos afectados y organizados, pero preservando su capacidad última de imponer una visión del interés general del país.
Pocos rubros revelan esto de forma tan transparente como el tema de la educación. En lugar de crear una burocracia propia (cuesta mucho dinero) para gestionar las relaciones laborales con los maestros y que definiera la política educativa, propició la formación de una organización sindical (SNTE) a la que procedió luego a entregarle la gestión del aparato administrativo y educativo. Acabó siendo un grupo de maestros beneficiados por una dirigencia impuesta y respaldada por el régimen, los que fueron ocupando las posiciones de la administración local y federal que hubieran debido corresponder a una burocracia institucional y autónoma. A cambio de esa abdicación, el régimen se las arregló para, sin tener que cobrar impuestos (para eso también se necesita autonomía), obtener la lealtad incondicional de la camarilla sindical (que se benefició económicamente) y se aseguró el control político sobre los maestros y su transformación en herramienta electoral cuando así se requiriera.
Lo mismo hizo el régimen priista en Pemex con el sindicato petrolero, y lo mismo hicieron los sucesivos gobiernos con el agua: dieron concesiones, o hicieron pozos, que luego entregaron a ejidos, a comunidades y a particulares para que los gestionaran. Cuando el agua empezó a faltar descubrieron que hacía tiempo que había sido privatizada. Lo mismo hicieron en materia de seguridad; delegaron la seguridad en grupos de poder locales vinculados al PRI que, con el tiempo, fueron cooptados, y se convirtieron en instrumentos de las mafias que hoy asolan al país.
Y lo cierto es que, por comodidad, conveniencia e incapacidad, ni los panistas, ni los perredistas, ni los morenistas, cuando han sido gobierno, lograron, quizá ni intentaron, aumentar la capacidad autónoma del Estado. Prefirieron no moverle, porque cualquier cambio, además de que exige un esfuerzo hercúleo, es potencialmente explosivo, y temen se vuelva inmanejable.
El resultado es lo que todos vemos: grupos poco representativos de los verdaderos y legítimos intereses de sus agremiados, pero con el control suficiente sobre ellos, para movilizarlos y desafiar así periódicamente a un Estado, que cede, sin con ello mejorar de fondo las condiciones de los trabajadores, ni aumentar su control sobre la gestión de los recursos, ni la definición de las prioridades (educativas en este caso), pero perpetuando, eso sí, el poder de los dirigentes sobre sus agremiados, y por ende, sobre el propio Estado.