Los gobiernos en común de los doce caracoles zapatistas denunciaron agresiones contra sus comunidades en Chiapas y ratificaron que viajarán a la Ciudad de México para reunirse con familiares de personas desaparecidas, “no para asambleas, no para crear nuevas redes o coordinadoras, sino para escuchar, grupo por grupo, familia por familia, sus historias y las historias de sus ausentes. Y también, si lo aceptan, darles un abrazo que mandan las comunidades zapatistas”.
A través de un comunicado firmado por el Subcomandante insurgente Moisés y la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, señalaron que tras el anuncio de su viaje, “el gobierno federal, estatal de Chiapas y distintos gobiernos municipales han realizado una serie de acciones que no sólo violan los derechos humanos (no sólo de zapatistas, también de partidistas y sin partido), también contradicen el discurso de paz, felicidad y bienestar que predican allá arriba”.
La salida de mil 530 delegadas y delegados zapatistas está prevista para finales de noviembre y contempla una estancia en la capital durante diciembre y enero de 2027. La delegación prevé encuentros en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalisco y Querétaro, con el fin de escuchar a colectivos y familias buscadoras, incluidas aquellas que no pertenecen a ninguna organización.
En su comunicado, el EZLN resalta dos agresiones latentes, documentadas también por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). La primera en el ejido La Culebra, municipio de Ocosingo, donde las autoridades autónomas reportan hostigamiento, amenazas y encarcelamientos contra familias bases de apoyo zapatistas.
Desde hace unas semanas, los habitantes del ejido han recibido la prohibición de comprar en la tienda cooperativa zapatista y recibir atención en la clínica del común, que también atiende a personas ajenas al movimiento. El absurdo ha llegado al grado que los pobladores que lo hacen son encarcelados y multados.
De acuerdo con la denuncia zapatista, el responsable de las provocaciones es Eusebio Cruz Ruiz, quien se presenta como maestro y afirma recibir instrucciones directas del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
La otra agresión está relacionada con el proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque. Los gobiernos autónomos zapatistas señalan a integrantes de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales y a un particular de destruir bienes comunitarios, derribar señalizaciones, robar ganado y dañar milpas y bosques en tierras recuperadas hace más de 32 años.
Ninguna de las múltiples denuncias presentadas al respecto por el Frayba ante instancias estatales y federales ha sido atendida hasta el momento. Los zapatistas advierten que su viaje a la capital no pretende hacer bulla, pero responderán a cualquier provocación con fuerza y movilización.
“Están jugando con fuego. El abrazo a las buscadoras es una iniciativa civil y pacífica. No busca confrontar a nadie. La forma más sencilla de evitar que vayamos a la Ciudad de México es satisfacer la demanda de verdad y justicia de quienes han perdido a sus cercanos por causas no naturales. Así esas familias buscadoras nos dirán ‘ya no vengan, estamos satisfechas’”.
“Traigan a miles y a decenas de miles de ejércitos. Expliquen a la tropa y a la sociedad que van a tratar de detener una movilización que pretende dar un abrazo y escuchar el dolor ajeno. Eso que vamos a hacer se llama “empatía”, algo de lo que por lo visto carecen.
“Lo que vaya a pasar, digan públicamente que será para satisfacer a un sicario de Mario Delgado, para que un finquero, Audomaro Oropeza Camacho, robe más ganado y tierras a los indígenas zapatistas, y para imponer una autopista que es rechazada por todos los originarios de la zona. Ahí lo vean. Sobre aviso no hay engaño”.
Las familias buscan a sus desaparecidos, los zapatistas van a abrazarlas y los gobiernos deben responder y dejar de joder.