Algunas tardes de lluvia, don Gerardo contemplaba con agrado el cerro verde y relampagueante frente a su lugar de trabajo. Después de la desaparición de su hijo Ángel Gerardo, comenzó a verlo como uno de los sitios donde podía estar su hijo.
Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Ibero, contó esta historia en julio pasado durante el semillero zapatista Guerra contra la Humanidad, donde también habló de Cecilia Delgado, madre que aprendió a excavar la tierra hasta encontrar a su hijo Jesús Ramón, para luego seguir buscando a los hijos de otras familias.
A lo largo del país, decenas de colectivos de buscadoras han tenido que surgir y organizarse para llevar a cabo un trabajo que corresponde a las instituciones, ubicando fosas clandestinas, reconstruyendo rutas siniestras y documentando testimonios de forma directa para tratar de encontrar a sus seres queridos.
Entre 2006 y 2024, de acuerdo con Horcasitas, las fiscalías del país reportaron la existencia de 5 mil 152 fosas clandestinas. En ese mismo periodo, los registros periodísticos documentaron más cuerpos exhumados que los reportados por las autoridades.
“La guerra contra la cifra”, explicó la investigadora, es una batalla constante del poder por desestimar las estadísticas de las desapariciones en México. Una guerra contra la verdad en la que se ha pretendido minimizar la crisis de desapariciones y volver un problema contable ausencias como la de Ángel Gerardo.
Esta disputa entre percepción y realidad que alega el actual gobierno federal tuvo una cita clave ayer en la ONU, con el informe presentado por el Comité Contra la Desaparición Forzada, presidido por Juan Pablo Albán. El organismo reiteró su decisión de llevar la situación mexicana a la Asamblea General, tras encontrar indicios bien fundados de desapariciones forzadas cometidas y aún en curso como crímenes de lesa humanidad.
El Comité identificó patrones regionales de desaparición y señaló que, en los casos de acción urgente examinados, las labores de búsqueda recaen principalmente en las familias. Ante la inacción del gobierno, una de las cosas que propuso es dar asistencia especializada a México para la búsqueda e identificación forense, así como para la investigación de vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.
El gobierno mexicano rechazó la interpretación y aplicación del procedimiento, pero la negada crisis mexicana llegó a esta instancia gracias a los colectivos que durante estos años buscaron, documentaron y denunciaron la situación frente a la indolencia de autoridades que han intentado minimizar esta realidad.
Con tesón y corazón, las buscadoras han logrado poner por delante una verdad que ya no depende del reconocimiento oficial para existir y que todos tendríamos que abrazar de una u otra forma.