Supongamos que la nueva línea de investigación del gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa consiguiera demostrar, a través de una identificación genética que hasta la fecha no existe, que alguno de los jóvenes hubiera sido incinerado en una funeraria de Iguala. Supongamos que esta nueva verdad tuviera algo de verdad.
Lo que seguiríamos sin saber es por qué desapareció ese joven ni tampoco el origen, despliegue y ejecución de una operación de varias horas que involucró policías, perímetros de seguridad, comunicaciones, centros de mando, autoridades, organismos de inteligencia, militares…
Ayotzinapa no se puede entender ahora a través de una verdad funeraria. Una de las personas que no ha dejado de investigar e hilar el caso de manera honesta y profunda, el periodista y escritor John Gibler, advirtió hace unos días aquí en MILENIO que la reciente pista de las funerarias no era ninguna novedad, ya que alusiones a crematorios habían aparecido en indagaciones previas a través de testimonios cuestionables.
Lo que sí sabemos con plena certeza es que la noche del 26 de septiembre de 2014 los normalistas fueron perseguidos y atacados en distintos puntos de Iguala por grupos armados oficiales y criminales que realizaron agresiones y detenciones, y que autoridades de los tres niveles de gobierno estaban enteradas de lo que sucedía ese día, incluyendo al Ejército, que seguía las actividades de los estudiantes desde antes y produjo inteligencia aquella noche.
A lo largo de los años, la búsqueda de los 43 jóvenes ha sido también una lucha por evidenciar lo que supo, dejó de hacer, ocultó e hizo el Estado mexicano. Con esta nueva línea de investigación, el relato oficial busca regresar la mirada a sicarios, narco y Guerreros Unidos, pero una de las dudas más importantes planteadas por las familias de los estudiantes sigue pendiente: ¿Qué sabía y qué hizo o no el Ejército?
Por eso hay algo muy perturbador en que doce años después el caso vuelva a plantearse alrededor de un horno clandestino. Ya sabemos lo que pasó con el basurero de Cocula y una verdad histórica que pretendía mirar a otro lado de donde la investigación del GIEI señalaba que había que mirar.
Miremos entonces a donde la nueva línea de investigación oficial parece no querer mirar. Miremos que el Ejército sabía que los estudiantes estaban en Iguala, que los vigilaba desde antes, que tenía personal en la ciudad, que recibió información en tiempo real y que generó inteligencia. Nada de esto es una suposición, sino una realidad documentada.
Resulta difícil aceptar que buena parte de la fuerza de la investigación más importante del gobierno se centre en una verdad funeraria mientras permanece un sinfín de preguntas sin responder en los archivos de una institución del Estado. En 2023 las familias solicitaron 868 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. Entre más de 17 mil fojas entregadas por la secretaría de la Defensa Nacional a la Comisión para la Verdad que presidía Alejandro Encinas, ésta reportó haber localizado solo 18 de los folios solicitados.
¿Por qué el Ejército no entregó toda la información sobre los ataques y las desapariciones? Saber eso es tan o más urgente que cualquier vieja nueva versión sobre hornos y funerarias. Mientras esa pregunta no tenga respuesta, cualquier relato gubernamental que pretenda explicar Ayotzinapa estará incompleto.
Gibler concluye su esclarecedor artículo con un deseo. “Ojalá el gobierno dejara la guerra de narrativas, dejara de encubrir a los militares o a quien sea y se dedicara a buscar a los estudiantes y a los responsables”. Ojalá. Ayotzinapa es mucho más que una funeraria.