Que los tres aspirantes a la coordinación del programa de Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad en León, Jorge Espadas, Alan Márquez y Luis Ernesto Ayala, iniciaron este martes la recolección de firmas, de las cuales, 5 mil 930 tienen que ser de ciudadanos y 123 de militantes.
Los tres panistas tienen hasta el 18 de agosto para recabarlas y el 19 presentarlas; de lo contrario habrán incumplido con este requisito; la firma implica contar con el registro total de las personas, el cual se tendrá que capturar en una plataforma digital que se pondrá a disposición del Comité Ejecutivo Nacional; el caso de los militantes tendrá que tener copia de la credencial de elector.
Por cierto, en caso de que una firma de un ciudadano se duplique, sólo se validará la que se haya presentado primero y se le notificará al aspirante que se quede sin esa firma o firmas, por lo que tendrá dos días a partir de la notificación para cubrirlas y contar con ese requisito. Será el 30 de agosto que se publiquen los nombres de las solicitudes de registros aprobados.
Vamos a ver ahora la postura desde Guanajuato ante la medida emitida por la SEP, donde ordena que al inicio del ciclo escolar 2026-2027 no debe operar ninguna institución que se ostente como “militarizada” y en el estado desde la administración del exgobernador Diego Sinhue comenzaron a operar un par.
Esto implicará realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que se hayan emitido en los estados, incluyendo Guanajuato donde operan bajo el modelo de “Bachillerato Bivalente Militarizado Batallón Primer Ligero (BBM)”, los cuales ofrecen educación media superior gratuita junto con alimentos y uniformes sin costo.
La SEP es clara y advierte que en el caso de que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades procederá a la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva, con lo que los estados sí o sí tendrán que cambiar este modelo educativo; medida que se toma tras el caso de Dafne Zapata, la adolescente que murió durante un campamento de la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.