Que tuvo que llegar la crisis del agua al punto de ebullición para que la bancada federal de Morena en Jalisco decidiera salir del escondite y dar la cara. Será interesante ver con qué propuestas concretas llega la diputada Merilyn Gómez Pozos y sus compañeros, porque hasta ahora el saldo es clarísimo. Llevan montones de entrevistas, reflectores y micrófonos, pero en resultados tangibles llevan cero pesos.
Que José Jesús Borrego Álvarez, titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional —un órgano de inteligencia y seguridad nacional—, se perfile como aspirante a presidir un Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), o sea, un jefe de la policía, ¿por qué? No se trata de dudar de sus capacidades personales, sino de señalar la naturaleza incompatible de ambos roles. Por un lado, la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad con mando castrense, disciplina jerárquica y funciones de inteligencia. Por otro, los organismos electorales son baluartes civiles diseñados para garantizar la equidad en la contienda política y vigilar que el poder se renueve de manera democrática.
Que dicen los que saben que en la crisis del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (Salme) hay más dolo político que administrativo. Resulta que las instalaciones llevan tomadas desde el 8 de julio y el Colegio de Profesionales de la Psicología de Jalisco, al mando de Ángel Pimentel, ya pegó el grito en el cielo porque la atención ciudadana está por los suelos. El meollo del asunto, aseguran, es que ni las autoridades atinan a quién le toca mover las fichas. Aclaran que el broncón no depende de la Secretaría de Salud, sino del OPD Servicios de Salud Jalisco, a cargo de Héctor Hugo Bravo. Mientras tanto, el director del Salme, Sergio Villaseñor, despacha en la clandestinidad desde oficinas alternas y los pacientes son los verdaderos perjudicados. A ver si el fuego cruzado no termina por quemar a la institución antes de que la Contraloría le meta mano.