Que en el arranque del proceso para renovar la Auditoría Superior de la Federación apareció un nombre con sello hidalguense: Álvaro Bardales Ramírez, actual contralor estatal, quien confirmó que formalizó su registro para competir por la titularidad del órgano fiscalizador más importante del país. No es un salto menor; es pasar de vigilar cuentas locales a revisar el uso del presupuesto federal. Hace ocho años ya había tocado esa puerta y que hoy regresa con mayor experiencia y claridad sobre la función manejando temas escabrosos como la Estafa Siniestra.
Que ya compareció ante la Cámara de Diputados cumpliendo requisitos constitucionales y legales, consciente de que la ASF no es un espacio técnico cualquiera, sino una posición que incomoda a gobiernos cuando los números no cuadran. Su eventual llegada implicaría colocar a un perfil con trayectoria en control interno y fiscalización en una arena nacional donde la autonomía y la firmeza son moneda de alto valor político. Por ahora es aspirante; el proceso apenas comienza.
Que el secretario de Gobierno Guillermo Olivares sostuvo encuentro con la senadora Simey Olvera en un ejercicio de interlocución que, en el papel, busca coordinar esfuerzos en favor del pueblo hidalguense. Reuniones que, aunque discretas en agenda pública, suelen ser clave cuando se trata de alinear prioridades entre lo local y lo federal. El intercambio de puntos de vista no es menor, cuando en breve se discutirá el futuro de la participación de las mujeres en busca de despachar en la silla en la que hoy se sienta Julio Menchaca.
Que desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se lanzó un mensaje directo a los 84 cabildos: respetar las funciones de quienes integran los ayuntamientos no es una cortesía política, es una obligación legal. El consejero Guillermo Corrales Galván advirtió que persisten conductas reiteradas que encuadran en violencia política contra las mujeres en razón de género, un fenómeno que lejos de disminuir, sigue generando expedientes. Señaló que la omisión en convocatorias y la retención de información son prácticas que deben erradicarse de inmediato.