Que ayer fue día de rumores pues desde temprana hora se supo de la salida del procurador Raúl Arroyo, quien por la noche oficializó su renuncia a la dependencia, misma que fue notificada por el gobernador Omar Fayad al Congreso local; se dice que Arroyo culmina una de las etapas más exitosas de la fiscalía, pues se obtuvieron avances sustanciales de atención a víctimas, justicia para adolescentes, mujeres y aprobación de leyes como la despenalización del aborto. Ahora ya hay quien coloca a Arroyo como pieza clave para lo que será la Fiscalía estatal o bien una transición al Poder Judicial.
Que otro de los rumores fue el de la audiencia de Gerardo Sosa en el penal del Altiplano en el Estado de México, donde le negaron el amparo contra la vinculación a proceso, por lo que recurrió a una cita con sus abogados ante el juez del caso. Se dijo que el ex presidente del Patronato de la UAEH, había solicitado la prisión domiciliaria alegando mal estado de salud, por lo que su estrategia jurídica se basará en eso hasta conseguir que lo trasladen de vuelta al estado o lo liberen.
Que donde se avecina nuevo pleito es en Morena, ahora por la conformación de comités para la defensa de la 4T de las elecciones y la consulta popular de 2022, pues ya son varios los que han alzado la mano para estar en el grupo de trabajo en Hidalgo. En el caso de la entidad, dicen que se pelean los espacios porque no quieren que todos sean gente del delegado federal Abraham Mendoza y Andrés Caballero, quienes siguen manejando el partido a su antojo, decidiendo sin consultar y nombrando a quienes ellos determinan conforme a sus intereses, cada vez más oscuros.
Que en donde se reporta opacidad es en Actopan, luego de que regidores de oposición ayer dieran su versión de lo que está ocurriendo con el gobierno de Tatiana Ángeles, donde la realidad es simple: la edil morenista opera con su brazo derecho, asesor y compañero, Pedro Canales, de quien se dice lleva las cuentas y realiza operaciones políticas que le corresponden a la presidenta, por lo que los regidores han tenido que alzar la voz antes de que se cometa algún agravio en contra de las finanzas del municipio o del patrimonio del pueblo actopense.